Bastante concurrido estuvo este miércoles el Tribunal de Garantía de Rancagua, ya que apoderados, padres y compañeros esperaban el desarrollo de la formalización de cargos en contra de nueve personas (6 adultos y 3 estudiantes) que se llevó a cabo tras la detención de 18 personas, acusadas de ocasionar disturbios durante la marcha estudiantil de este martes. Todos los acusados fueron formalizados por desórdenes públicos, uno por maltrato de obra a Carabineros y otro por daño calificado. Sin embargo, el Tribunal decretó que la detención por parte de la policía fue ilegal.

El abogado defensor, David Ortuzar, aseguró que se cometió un abuso por parte de Carabineros al detener a personas, muchos de ellos menores de edad, sin tener la certeza de su participación en los disturbios. " De los 18 detenidos, cerca de una docena fue enviado a sus hogares, porque no se pudo acreditar ningún delito. Se detuvo aleatoriamente, se lanzó bombas lacrimógenas que provocaron el caos. Un estudiante quedó con lesiones en su pierna, una dirigente que trató de calmar la situación estuvo detenida por más de 6 horas, sin motivo alguno. Se detuvo a seis mujeres menores de edad e incluso a una persona que sólo iba pasando por el lugar. Es por ello, que se decretó la ilegalidad de la detención para la totalidad de los imputados y sin medidas cautelares, salvo para uno ", señaló.

El fiscal a cargo del caso, Claudio Riobó, explicó que existía una orden que emanó de la Fiscalía para que Carabineros asegurara la participación de cada uno de las personas antes de ser apresados, para que no existieran dudas. "La determinación que tomó la Fiscalía antes del primer detenido, es que cada funcionario de Carabineros observara la conducta de quienes iba a detener, para no tener dudas acerca de su participación.

En esa línea, el abogado argumenta que "las detenciones se ajustan a la ley. Hubo una persona que lanzó piedras provocando la caída de un funcionario en moto. Esto le provocó lesiones de diversa consideración, sus compañeros observan quien efectuó esta acción, pero de igual forma fue declarada ilegal su detención...", dijo el profesional, quien al ser consultado sobre este hecho último hecho señaló que "no comentaré la decisiones del Tribunal con la prensa".

 El ex vocero de la ACES, Victor Brisso, acusó a Carabineros de ejercer una fuerza excesiva en contra de los estudiantes. "Hubo fuerza desmedida de parte de Carabineros. Se me acusó de haber dañado un auto. Eso es mentira que yo agredí un auto particular, no tomé ni una sola piedra, pero me dieron una golpiza", acusó.

Por su parte, el alumno Ricardo Richmond denunció que producto del trato de la policía se esguinzó una pierna, pero que no recibió la atención médica adecuada mientras duró su detención. "Un carabinero me produjo un esguince en la pierna al ser detenido ya que la tenía anteriormente operada. Cuando estuve detenido nadie me quiso ayudar, me llevaron a constatar lesiones a Graneros y arrojó un esguince, pero no recibí la atención médica correspondiente, yo alegaba dolor, pero nadie me ayudó".

El Tribunal de Garantía estableció un plazo de investigación de 40 días.