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Corría el año 2006 y Chile declaraba a los cuatro vientos la voluntad explícita de convertirse en una “Potencia Agroalimentaria hacia el año 2020”. Este objetivo se alcanzaría mediante la intensificación del modelo agroexportador diseñado en la dictadura para situar al país como uno de los 10 principales exportadores de alimentos a nivel global. Resulta paradojal que la voluntad manifestada hace 15 años haya puesto por meta el año en que el sistema alimentario nacional comenzó a demostrar de forma explícita las grietas que lo caracterizan. Hoy, las capas populares de la sociedad continúan experimentando diariamente la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la devastación ambiental causada por este sector. De forma paralela, recientemente hemos sido testigos de un par de declaraciones de dirigentes gremiales del sector agrícola que, lamentablemente, demuestran su incapacidad de asumir los desafíos de un sector que presenta graves falencias en su desempeño. La falta de criterio de los representantes de los grandes productores agrícolas refuerzan la necesidad de iniciar una discusión pública sobre la urgencia de transitar hacia un sistema alimentario distinto, a la altura de los desafíos socioambientales del siglo XXI.

La incesante tendencia de los empresarios de hacer juicios económicos y políticos carentes de evidencia, se vuelve aún más grave al observar cómo el sector que ellos dirigen, un área fundamental en los sistemas alimentarios, está siendo hoy incapaz de surtir de dietas nutritivas, asequibles y sustentables a la población chilena. La malnutrición expresada en los altísimos niveles de obesidad y sobrepeso es una realidad que lleva años creciendo, causada en gran parte por el alto precio de los alimentos nutritivos. 

Por otra parte, los efectos ambientales del sector son de público conocimiento y medibles a través de múltiples indicadores. El altísimo e ineficiente uso del agua en situación de crisis hídrica, el creciente uso de suelo  y pérdida de biodiversidad, el masivo uso de pesticidas y el triste récord de ser uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero, son sólo alguno de ellos. Esto ha traído aparejado un sinnúmero de conflictos socioambientales a lo largo del territorio nacional.

A esto se suman consideraciones económicas y sociales de la producción agroalimentaria. Los medios de comunicación tradicionales difunden la imagen de “potencia agroalimentaria” comunicándonos periódicamente los productos de moda y sus principales mercados de destino, como es el caso de la fruticultura con el arándano o la cereza que se envía a países del Norte Global o recientemente a China. Asimismo, los números de la industria crecen año a año, haciéndonos supuestamente merecedores del rótulo de “potencia” que nos asignamos a nosotros mismos hace ya 15 años. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que demuestran aquellas estadísticas. La rentabilidad del sector se basa en la entrega gratuita de bienes comunes tan esenciales como el agua, al mismo tiempo que se le exigen estándares ambientales extremadamente laxos, como lo demuestra el hecho de que las explotaciones agrícolas de gran tamaño no deben ser evaluadas ambientalmente y el escaso ordenamiento territorial continua permitiendo la extensión de las plantaciones. La estrategia de inserción internacional, los bajos subsidios entregados a los pequeños productores al observar la experiencia comparada y el gasto público en infraestructura de regadío, transporte, entre otros, completan una figura más difusa del éxito del modelo productivo. Todo este cuadro toma mayor relevancia al observar que el nivel de salarios del sector es relativamente bajo si lo comparamos con otros sectores.

Por ello, cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, declara que “falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno” y que esto obedece al “estilo y la idiosincrasia del chileno”, además de emitir opiniones propias de un terrateniente decimonónico, está derechamente faltando a la verdad. Asimismo, cuando el presidente de la CPC, antiguo dirigente de la SNA y principal promotor del faraónico e irracional proyecto de la “Carretera Hídrica”, declara que la migración sería la culpable de la crisis de crecimiento y desarrollo nacional, está escondiendo el rol de su sector como lobbista en la tramitación de la nueva ley de Migración. En ella, su sector consiguió establecer normas que entregan alta discrecionalidad al Gobierno para fijar visas temporales a extranjeros, regulación que en un país con bajos niveles poder sindical, puede condenar a estas trabajadoras no solo a la vulnerabilidad propia de las y los migrantes en nuestro país, sino que a remuneraciones muy por debajo de su productividad,

El sistema alimentario chileno no está pasando la prueba de la pandemia y el costo humano crece día a día. Una de las causas principales de esta situación es el incentivo de la producción agrícola enfocada en la exportación a mercados globales, que genera un alto daño ambiental, descansa en la extracción de riqueza de bienes comunes y el trabajo de cientos de miles de personas asalariadas con bajas remuneraciones. Este modelo tiene una importante cuota de responsabilidad en el alza de precios y la crisis de inseguridad alimentaria y desnutrición que el país experimenta por primera vez en mucho tiempo. Este momento, en conjunto con el proceso constituyente, puede ser la ventana de oportunidad para consolidar un movimiento por la transformación del sistema en su conjunto, inspirado en los principios de la soberanía alimentaria y la agroecología. En ese escenario, las recientes declaraciones de los dirigentes gremiales del gran empresariado agrícola demuestran que, hoy en día, ellos son más parte del problema que de la solución.