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Si posiblemente hablábamos de colusión, entre la población en general, antes del año 2010, de seguro no se estaba muy familiarizado con el concepto, y sólo se tenía recepción y explicación de estos temas en los círculos jurídicos especializados, o en los círculos empresariales.  

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Sin embargo, y de manera lamentable, a partir de comienzos de la segunda década del siglo XXI este concepto se hizo popularmente conocido, no por una campaña educativa en materia económica-jurídica, sino más bien porque comenzaron a destaparse una serie de malas prácticas empresariales que tenían como nombre titular “colusión”.  

En palabras sencillas, colusión, según Yrarrazaval (2012)[1] [12], significa “cualquier asociación fraudulenta o acuerdo entre empresas para cobrar ciertos precios o imponerlos y reducir la producción, y así aumentar los beneficios”; es decir, es una mala práctica que fundamentalmente va destinada a aumentar el poder económico de ciertas empresas que tienen mayor participación en el mercado, acordando precios iguales entre ellos y dejando fuera a otros competidores que no pueden competir frente a dichos precios.

Así, en los últimos 10 años hemos sido testigos y víctimas de la colusión en mercados como el farmacéutico; transportes; supermercados; pollos; papel tissue (confort); electrodomésticos; asfalto; navieras; médicos ginecológicos; pañales; médicos cirujanos; entre otros.

La institucionalidad chilena acusó recibo de todos estos abusos, y el año 2016 se publica la Ley N°20.945 que perfecciona el sistema de la libre competencia, y en definitiva avanza hacia fortalecer una institucionalidad que persiga y castigue severamente estas conductas delictuales y criminales, y en definitiva que los consumidores y consumidoras tengamos certeza que las empresas que nos proveen bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades juegan limpio y respetan las  reglas del mercado.

Uno podría preguntarse, ¿en qué me afecta como consumidor o consumidora que las empresas se coludan? ¿realmente hay una afectación de mis derechos?

Mi respuesta categórica es sí: las empresas, al coludirse, en primer lugar, afectan el acceso que uno puede tener a los bienes o servicios, dado que los proveedores coludido fijan precios iguales en sus productos, muchas veces esenciales a la población, por lo cual no existe competencia, y por lo mismo no puedo buscar una opción acorde a mi realidad económica; en segundo lugar desplaza a la competencia que no se coludió, llevándola en muchos casos a desparecer por no poder competir con los precios; y en tercer lugar, que quizás para mí es una de las más graves, daña enormemente la confianza en la libre competencia y en el fair play en el mercado, lo que genera frustración y desconfianza en los consumidores y consumidoras, y los llevan a ver en la empresa un enemigo más que un complemento de su bienestar.

Ahora bien, este texto lo inicio con la pregunta sobre si las empresas tienen límites en su afán de generar dinero y ganar posición en el mercado a propósito de la noticia que ha trascendido estos últimos días[2] [13] [3] [14] sobre la confirmación que hace la Corte Suprema del fallo que condena a los laboratorios Baxter Ltda. y Sanderson S.A. por coludirse en licitaciones públicas de suero fisiológico; sí, suero fisiológico, un insumo médico tan importante en los tratamientos quirúrgicos o emergencias, agregándole el hecho que esta situación se produjo en establecimientos de salud pública (Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción; y por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Lo grave de esta situación, es que vemos que al parecer no existe límite ni respeto por el mercado; por la institucionalidad; por la salud pública; y en definitiva, por la vida.

Por lo anterior, la reflexión que debemos permitirnos es cuánto más tendremos que aguantar frente a estas situaciones; si es necesario endurecer aún más nuestro sistema persecutor de malas prácticas en el mercado; y si necesitamos un sistema nacional protector de nuestros derechos fundamentales como consumidores y consumidoras, que pongan énfasis en reprimir y castigar prácticas tan delictivas y atentatorias contra nuestra integridad, como lo es la colusión.

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