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Respondiendo una denuncia del diputado Juan Luis Castro, la Contraloría General de la República estableció un plazo de 5 días para que la Seremi de Salud de O'Higgins informe sobre la legalidad de exigir, además de los requisitos establecidos por ley, una declaración jurada simple de salud como condicionante, para el tránsito de personas entre Rancagua y Machalí, durante el periodo de cuarentena.

En el escrito, el diputado impugnó la iniciativa de la autoridad sanitaria local, toda vez que “vulnera flagrantemente el principio de legalidad consagrado en el artículo 2 de la Ley 18.575  y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al atribuirse un derecho que no le es reconocido ni por la Constitución ni por ley alguna”

La denuncia del legislador detalla también que, de acuerdo a la resolución dictada por el ministro de Salud,  las formas y condiciones para la obtención de los permisos de desplazamiento por parte de las personas en zonas de cuarentena ya se encuentran establecidas en el Instructivo para Permisos de Desplazamiento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de junio de 2020.

Castro, enfatizó que “la Contraloría le ha dado plazo de 5 días para que la autoridad le informe cuál es la realidad de lo que está pasando en O’Higgins, si se ajusta o no al procedimiento de todos los protocolos en el país entero cuando se está en cuarentena, y de ese modo corregir, para que de verdad la autoridad sanitaria lidere este proceso y no vaya detrás del virus, sino que adelante en la supresión de la transmisión tan masiva que está teniendo el coronavirus en nuestra región”

Imagen: Huawei / Agencia Uno