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Cuando se vive en regiones, se entiende en esencia que el estándar con que están explotando los recursos naturales las transnacionales está fuera de orden y necesita ser replanteado totalmente; lo que en el pasado no fue tema y poco se entendía, en la actualidad se ha transformando en la destrucción de las regiones y es preciso hacer un ajuste al modelo extractivista, mejorarlo y ponerle valor agregado a los recursos naturales que posee el país.

Es entendible que en los años 90 por la Paz Social y el Crecimiento, propiciado por la incertidumbre y por el miedo a fracasar en la naciente y débil democracia de esos años, que heredaba las grandes privatizaciones de las empresas del Estado, permitio que empresas extranjeras explotaran los recursos naturales del país y de manera velada pero muy satisfactoria, permitio que se posicionara la oligarquia y se hiciera parte de los nuevos tiempos. La efervescencia que suscitó en el mundo empresarial mundial, por hacerse parte de la nueva democracia chilena y acceder a los recursos naturales tan codiciados y en formato privado, vedados durante los 19 años de la dictadura militar, no dio otra, que al llegar la democracia se transformaron en el gran botín para las grandes empresas planetarias del primer mundo.

La crisis existencial del modelo basado en la extracción de los recursos naturales, es natural y parte del proceso hacia un Chile mejor, que debe reestructurarse ante el inmovilismo que lo tiene complicado. Lo que no es natural y está fuera de contexto, que no se entienda que llegó la hora de mejorarlo y adaptarlo a las nuevas exigencias de la sociedad y de la economía mundial en un mundo globalizado, sobre todo ante las nuevas circunstancias del planeta, que predispone el cambio climático y obliga a cuidar el medio ambiente y la calidad de vida de la población.

Chile a pesar de ser un país sin industria propia y que basa su economía en la extracción de los recursos naturales (extractivismo), la más simple y arcaica, es miembro de la OCDE (Organización de países desarrollados, para la Cooperación y Desarrollo Económico. Organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan el 80% del PIB mundial) La membresía a este selecto club de países del primer mundo no le fue otorgada a Chile, por su desarrollo o por su maravillosa calidad de vida o porque se asemejara a países como España, Inglaterra, Francia, Suiza, Canadá y Alemania, Australia, Italia. La explicación del porque, está precisamente en los recursos naturales que posee Chile, que son de alto interés para las grandes empresas multinacionales y la invitación no fue más que una estrategia del primer mundo, para que las empresas de esos países que explotan los recursos naturales del planeta, puedan industrializarse mejor y pudiesen entrar en Chile en forma más expedita y sin tantas contradicciones.

Lo que se ha omitido y el Estado chileno no se ha hecho responsable de ponerlo en práctica; es que la OCDE tiene reglamentos muy estrictos para los miembros y que en Chile no se han cumplido al nivel de un país miembro con derechos y obligaciones, que obligan a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos, a fiscalizar con rigurosidad a las empresas y sus formatos de producción, que se respeten las leyes y las regulaciones con que sustentan sus constituciones y que las intervenciones extractivistas, no vulneren los derechos y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades vecinas y que las leyes protejan a las comunidades de las malas prácticas empresariales y sean redactadas sin ambigüedades.

En Chile para hacer más rentables la operación de estas empresas, no encontraron nada mejor que diseñar leyes a la medida de los objetivos de las grandes empresas multinacionales. Así nacieron leyes como la de Medio Ambiente, Ley de Pesca conocida como Ley Longueira, que privatizo el mar. La Ley Minera y Energética y tantas otras leyes, que permitieron que empresas extranjeras puedan bajo el resguardo de una ley de la república, hacer lo que les plazca en el territorio nacional, sin importarles las comunidades, el medio ambiente y el futuro de Chile.

Las multinacionales que operan actualmente en el territorio nacional son todas filiales de países miembros de la OCDE como Italia, Suiza, Canadá, EE UU y solo responden a sus propios intereses. El Estado de Chile no las obliga a crear programas internos, con sistemas de orientación y de gestión, con compromiso y respeto por las buenas prácticas empresariales y laborales. Gran parte de estas empresas recurren a consultorías, auditorías y certificaciones poco transparentes y normalmente los gobiernos de turno hacen la vista gorda ante estas malas prácticas y muchas veces se hacen parte de ellas sobre todo en las evaluaciones de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Pocas empresas extranjeras han promovido un diálogo social transparente y efectivo con las comunidades, exponiendo los verdaderos alcances que traerán sus actividades a sus territorios, por no existir exigencia alguna por parte del Estado, que obligue a las empresas a crear iniciativas que conduzcan a conductas empresariales sustentables y con proyección de futuro.

Nadie puede poner en duda la velocidad de los cambios en el último tiempo en las sociedades modernas, que han traído consigo nuevos desafíos para las grandes empresas y para las sociedades democráticas, que de una u otra manera encarecen la rentabilidad de las operaciones. Por estas circunstancias los estados deben tener la capacidad de fiscalizar para que las buenas prácticas se hagan realidad en el campo de la sustentabilidad productiva, garantizando objetivos sociales, económicos y medioambientales en los territorios seleccionados para las actividades extractivistas. Nadie pone en duda que estas empresas si se lo propusieran, podrían promover un desarrollo sustentable y bajo ese contexto, hacer que sus actividades bien implementadas mejoren el comercio y la inversión bajo el contexto de un mercado más abierto y competitivo; que debe ser regulado adecuadamente y fiscalizado como corresponde.

La inversión extranjera es fundamental para el buen funcionamiento de la economía del país. Pero de la misma manera, se hace urgente para la sustentabilidad y la proyección de futuro, entrelazar una cooperación responsable entre las empresas, el estado y las comunidades, para fomentar un progreso económico sustentable para todos y no solo para algunos como sucede en la actualidad; creando procesos de cooperación positiva en armonía con las comunidades y con el medio ambiente, para obtener un futuro realmente sustentable y con proyección de futuro.

La creación de un marco regulatorio que está a la altura de las necesidades del presente y del futuro y no de las de ayer, se hace imprescindible que este interrelacionado hacia un mismo objetivo, entendiendo que como país miembros de la OCDE, deben tenerse en cuenta las recomendaciones exige a los países miembros esta importante organización y que se hace necesario garantizar, para que las actividades empresariales sean cuales sean y sin importar su origen, se desenvuelvan en armonía, fortaleciendo la confianza mutua y contribuyendo a mejorar la inversión y potenciar el desarrollo sustentable de Chile.