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En la primera mitad del siglo XX las políticas económicas y sociales eran desarrolladas por el Estado chileno y fue el principal actor de la industrialización y la promoción del cambio social de esos años. El rol estatal alcanzó su clímax a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando se implementaron reformas y transformaciones, sobre todo si consideramos que hacia fines de los años cincuenta, la inflación y el desempleo eran un problema de difícil solución, al haberse aplicado medidas proteccionistas que mostraban índices de mejoramiento en cuanto a la calidad de vida de la población con acceso a servicios, pero de igual manera auguraban un mal escenario al no ser competitivos en el mercado internacional.

Durante el gobierno de  Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se tomó conciencia de ese problema y se trabajó fundamentalmente en la redistribución del ingreso ante la enorme desigualdad y se expandieron los beneficios sociales en la población y se incorporaron sectores que tradicionalmente estaban marginados, como los campesinos y los sectores urbanos pobres. Se duplicó el gasto social en cerca del 20% del PGB en 1970, se fomenta la industria de las telecomunicaciones y la petroquímica y se dio comienzo a la reforma agraria, iniciándose la nacionalización de la gran minería del cobre, que concretaría posteriormente el gobierno de la Unidad Popular.

El gobierno de Salvador Allende (1970-1973) fue anticapitalista y se sustentó en la redistribución del ingreso, con cambios estructurales en la propiedad y creo un programa de nacionalizaciones dirigido específicamente a la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón, la banca y el comercio exterior. Se intervinieron empresas privadas y fueron entregadas a organizaciones de trabajadores. Una gran cantidad de predios agrícolas no alcanzados por la reforma agraria de Frei Montalva se transformaron en cooperativas campesinas. La transformación de la estructura productiva que desarrolló la Unidad Popular se sustentó en un Estado dominador, utilizando a CORFO como herramienta para implementar una política de estatización de las empresas, llegando a controlar 500 unidades productivas a inicios de 1973. Se redujeron las tarifas de los servicios públicos, se aumentaron los salarios con la emisión de dinero por el Banco Central, proceso que terminó provocando una inflación que llegó a un 293% a mediados de 1973, que a la postre generó una crisis institucional de tal magnitud, que dio pie a que se produjera el golpe de Estado de 1973 por las Fuerzas Armadas.

La dictadura cívico-militar dio un giro total de lo que se venía haciendo en materia económica, iniciando una privatización neoliberal, sustentado por la escuela de la Universidad de Chicago y diseñado por el “Consenso de Washington”, que redujo el rol Estado a su más mínima expresión, liberó el sistema financiero, desregula el mercado y privatizo las empresas estatales y libera la convertibilidad monetaria, considerando el mercado como el eje propulsor del desarrollo, con un Estado que fue transformado en un ente netamente subsidiario de las empresas privadas y el modelo económico se protege constitucionalmente para entregarle garantías a la inversión extranjera.

Está comprobado que el hombre a pesar del desarrollo tecnológico y de los estudios y postgrados en prestigiosas universidades del extranjero, es insaciable ante el medio, necesitando orden, disciplina y una fiscalización férrea para desarrollar sus emprendimientos productivos y que bajo ciertos parámetros permisibles en materia de fiscalización nada le importa y menos el prójimo con tal de obtener ganancias económicas. Si no tenemos una fiscalización rigurosa, certera y profesional, la codicia empresarial endémica de la raza humana termina por destruirlo todo. Los países desarrollados de la OCDE han entendido que estas omisiones del modelo por la falta de ética y conciencia en el hacer por parte de los empresarios, con el tiempo destruyen la riqueza y la proyección de futuro de los países. Estas grandes potencias planetarias ante la necesidad de los insumos que no pueden producir, terminan aprovechándose de  países subdesarrollados fáciles de corromper como el nuestro y hacer lo que no pueden hacer en sus países.  

El modelo neoliberal chileno al no saber respetar sus capacidades de carga en las actividades productivas, con el pasar de los años desarrolló una insoportable inequidad social, una pésima distribución de la riqueza, una diferenciación social de proporciones, que terminó por destruir los territorios intervenidos ambientalmente y con ello la proyección de futuro de las comunidades. La población por medio del crédito tuvo acceso a bienes y confundimos crecimiento con desarrollo (crecimiento es cuando las empresas logran ganancias y crecen; y desarrollo es cuando el país mejora su calidad de vida y la población tiene acceso al ahorro, salud y educación de calidad y jubilaciones justas).

Los desarrollos productivos en materia forestal, salmonicultura y la gran minería del cobre iniciados en la década de los ochenta, con la falta de una fiscalización adecuada y de un congreso al servicio de las transnacionales y no haberse respetado la capacidad de carga en la producción de los recursos naturales, se transformaron en una amenaza para la sustentabilidad del país. Es indudable que fueron durante un tiempo fueron una fuente de crecimiento y en una importante herramienta de generación de empleo, pero en ningún caso han sido una herramienta de desarrollo, que significara que el país ha logrado aminorar la inequidad y mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. El problema está fundamentalmente en la forma en cómo se han venido desarrollando las actividades productivas, al carecer de una sustentabilidad operativa real y no haber sabido calcular la capacidad de carga de las actividades productivas y dejado crecer a voluntad, esperándose que el formato neoliberal de mercado regulase su actuar y eso no ha sido así bajo ningún punto de vista, sino todo lo contrario.

En el norte las mineras contaminaron vastas áreas con pozos de relave y han destruido la vida de cientos de comunidades. En el centro sur las plantaciones de pinos y eucaliptos han degradado el suelo y usurpado miles de hectáreas a la agricultura, que nos ha hecho dependientes de Argentina y Canadá a quienes compramos entre otras cosas el 50 del trigo que consumimos. En el sur la industria salmonera infecto el mar, destruyendo la vida a cientos de comunidades que no pueden usarlo para la pesca artesanal. Las regiones australes de Aysén y Magallanes, están recibiendo el duro embate de la minería del oro y del carbón y sufren la intención de empresas transnacionales por represar sus ríos para vender energía a países limítrofes, sin considerar la proyección de desarrollo de acuerdo con las ventajas comparativas que poseen como territorio.

No hay que ser muy perspicaz y inteligente para entender, que si se siguen desarrollando estas actividades productivas sin considerar las capacidades de carga, con modelos insostenibles y sin estudios serios y profesionales, sin una una fiscalización certera, estas actividades continuarán siendo detonadores de destrucción y contaminación, y nunca serán una opción de desarrollo sustentable y solo generaran destrucción y sin ninguna capacidad de mejorar la proyección de desarrollo del país.

Los países desarrollados de la OCDE han entendido que estas omisiones de ética y conciencia social por parte de las empresas, con el tiempo terminan sobre explotando la riqueza y destruyendo la proyección de futuro y terminan aprovechándose estratégicamente de países subdesarrollados fáciles de corromper como el nuestro. Si no tenemos la capacidad de hacer un giro en sentido contrario de lo que se esta haciendo en la actualidad, entendiendo la importancia de respetar la capacidad de carga de los territorios en las actividades productivas en la explotación de los recursos naturales; es indudable que vamos directo al fracaso. Necesitamos gobiernos, empresarios, ciudadanos y un congreso, conscientes de los efectos nocivos de la falta de fiscalización actual y se hace urgente refundamentar al paradigma de desarrollo, produciendo con ética, responsabilidad, armonía y sustentabilidad, decididos a ser un aporte al desarrollo del país y que las faltas se están transformándose en delitos y los delitos en la destrucción del futuro de Chile.

No nos engañemos a nosotros mismos; las empresas son dirigidas por gente instruida, preparada, estudiosa y muy profesional en sus actividades y nada se les pasa por alto y saben perfectamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Cuentan con la proyección de sus modelos productivos y tienen claridad de las implicaciones negativas que están produciendo en las comunidades y en los territorio intervenidos y en el medio ambiente del país. ¿Porque lo hacen?, simplemente porque pueden hacerlo y les es permitido intervenir la representación política para manipular la fiscalización y las leyes que aprueban en el congreso.

Diversifiquemos la producción con valor agregado y que los recursos naturales sean un complemento y no un fundamento.