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El concepto de soberanía se refiere al control político que se ejerce en las distintas formas de asociación humana, ante la existencia de un gobierno que se apoya en la racionalización jurídica del poder. Soberanía implica la incorporación de legitimidad, que va en total contraposición del uso arbitrario del poder, implicando la transformación de la fuerza en un poder legítimo que vaya al poder del derecho de una sociedad.

Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel país, es que en la actualidad no tenemos una estrategia de integración territorial que permita un desarrollo consecuente y relacionarnos productivamente con los recursos naturales, con criterios objetivos y bajo una visión soberana de la situación. Este caldo de cultivo ideológico, ha desarrollado un centralismo sin equidad,  truncando las posibilidades de crecer sustentablemente, creando un vacío de relevancia en la integración regional de los formatos estratégicos con objetivos comunes, que posibiliten resguardar la diversidad cultural. Un Estado más soberano y menos subsidiario como el actual, debería salvaguardar los recursos naturales de manera más sustentable, desarrollando una visión más soberana, que a la postre nos serviria para rentabilizar la forma.

Desde la perspectiva de integración regional en los formatos de desarrollo, los objetivos están muy relativizados en su concepción, falencia que esta directamente relacionada con el hecho que el Estado es solo de carácter nominal, sin conferirle al país la unidad que necesita, creando vacíos extemporáneos, sin entender que la integración es el principal articulador del desarrollo, como base de sustentación de una política social con proyección de futuro.

Sin un Estado soberano en sus derechos y deberes, la sociedad pierde su proyección social, dispersando sus objetivos al no estar vinculados y no contar con una representación de los intereses ciudadanos. La jurisdicción del deber social debe de poder estar en un todo organizado bajo el fundamento del Estado del todo social, sin el, una sociedad no es más que una masa informe a merced de los intereses de las grandes corporaciones internacionales que actúan en el país.

Esto no quiere decir que el Estado deba ser el único sustento de la sociedad y que el desarrollo de los privados deba desconsiderarse como los amantes del neoliberalismo discursan para justificarse ante la opinión pública; pero es indudable que si buscamos sustentabilidad y criterios de desarrollo con sentido común, debe tenerse un Estado que vele responsablemente por el buen uso de los recursos naturales. Sobre todo en un país como Chile, donde todo esta sustentado básicamente en la explotación de estos recursos.

El Estado al tener vigencia, más que un problema para el emprendimiento privado, tiene la capacidad de fundamentar leyes y normar las prácticas comunes de la producción, integrando con identidad social, estableciendo en el cuerpo social acciones colectivas con procesos unificadores, reduciendo la multiplicidad social, otorgando representación política con identidad y la identificación de los requerimientos para la proyección debida del país.

La preocupación por el medio ambiente ha estado presente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, desde el mismo derecho griego, pasando por el romano y el bizantino hasta la misma actualidad. El medio ambiente es lo que reconocemos como todos los recursos naturales que tiene un país para satisfacer sus necesidades y en base a ello construir su progreso. Su importancia es tan relevante para el buen hacer, que desde la revolución industrial, han sido objeto de protección por parte de los países desarrollados, que entendieron que su buen uso soberano garantiza proyección; por ello desde esos tiempos que se tienen consideraciones de protección, que se sustentan en los derechos fundamentales del uso responsable de estos recursos y están protegidos por la Constitución haciéndolos soberanos.

A partir de la revolución industrial, las acciones humanas adquirieron características cuyos efectos se empezaron a notar de manera negativa en la realidad. Haciendo que el tema ambiental que en un principio fuera de naturaleza territorial, se haya transformado con el tiempo en regional y posteriormente en planetario y que no este circunscrito solamente a un territorio en particular como muchos creen o nos quieren hacer creer. Las emanaciones y los vertimientos tóxicos en una determinada comunidad, terminan por afectar la región de origen, el país y los países vecinos. Con el tiempo las problemáticas unidas a otras pueden abarcar continentes enteros de no saber actuar.

En Chile lamentablemente hemos relegado la política ambiental a normas de menor jerarquía y con ello hemos destruido gran parte del territorio nacional, para que los intereses creados de las empresas extranjeras puedan utilizarlos a voluntad y crear una pseudo desarrollo que poco y nada es traspasado a las comunidades. En la actualidad tenemos un vacío en lo que supone debe ser la responsabilidad del Estado ante sus funciones básicas, que entre otras, es verificar concienzudamente que se respeten las normas y los protocolos ambientales y fiscalizar cómo operan los medios productivos que explotan los recursos naturales.

Históricamente el modelo neoliberal ha posibilitado que perdamos la oportunidad de desarrollarnos con sustentabilidad y proyección de futuro, depredando sistemáticamente los recursos naturales del país, actuando sin previsión ambiental de desarrollo, bajo la jurisdicción de un Estado ausente, que abdicó de velar por estos intereses y que a fin de cuentas pertenecen a todos.

Si bien la actual Constitución reconoce y regula los recursos naturales como patrimonio nacional, es de necesidad urgente ampliar el uso responsable, sustentable y soberano de los recursos naturales, replanteando totalmente su preservación y propiedad, ampliando su visión limitada y economicista, de lo que verdaderamente representan los recursos naturales para el desarrollo sustentable del país y su proyección de futuro.