La mañana del viernes, en la Corte de Apelaciones de la capital regional, Agliati —en compañía del Jefe del Departamento Jurídico de la Institución, Ricardo Figueroa—, presentaron 30 demandas civiles, que buscan la devolución del beneficio obtenido por personas que no habitan o lucran con las viviendas sociales.

“Hoy día se acabó el juego. Es una jornada muy importante para el Ministerio de Vivienda y para la región. Y estas 45 familias, que durante muchos años alegaron o reclamaron una urgencia habitacional, es decir que necesitaban un hogar y postularon a un subsidio y lo recibieron, nos damos cuenta con mucho pesar que esas viviendas están o bien desocupadas, o las están ocupando otras personas que no son quienes recibieron el subsidio como corresponde. O peor aún, esas viviendas están siendo arrendadas. Significa que estas familias que reclamaron una solución habitacional, por estar sufriendo hacinamiento u otra problemática relacionada, hoy en día están lucrando, recibiendo dineros por un arriendo, de algo que no les corresponde. Y esto es grave, y como Estado no lo podemos permitir. Con esta presentación de las demandas civiles se acabo este juego, ya que luego de un largo proceso de fiscalización, en que las familias no pudieron demostrar lo contrario, como director regional del SERVIU LGB O’Higgins, tengo la obligación de colocar estas demandas civiles”.    

Cabe mencionar que las familias tienen la obligación de habitar sus viviendas una vez que se le estrega, durante al menos cinco años, con la prohibición de arrendarlas. Como esto no se ha cumplido, lo que buscan estas demandas es que las familias se hagan responsables, y hagan restitución del monto del subsidio que obtuvieron, y que no ha sido bien utilizado.

Agliati recalcó que “a las familias que han obtenido un subsidio habitacional, vaya el recordatorio de que deben utilizar su vivienda. Nuestra idea no es iniciar una “caza de brujas”, o vivir interponiendo demandas, sino que hacer comprender a los beneficiarios de la importancia que significa que ellos habiten sus viviendas. Y la manera de demostrarlo es que el propietario, quien recibió el subsidio y firmó la escritura, debe estar con su núcleo familiar habitando su vivienda. SERVIU está en una permanente fiscalización en toda la región verificando esta situación”.

Luego de realizar este trámite en Rancagua, Agliati y su equipo se dirigieron a la capital de la Provincia de Cardenal Caro. Allí, y en el Juzgado de Letras de esa comuna, presentaron 15 demandas civiles, por los mismos motivos. En total, SERVIU LGB O’Higgins presentó 45 demandas civiles a nivel regional.

Finalmente, Agliati dijo que estas personas inescrupulosas “no pueden seguir jugando o aprovechándose para sus fines, de los recursos de todos los chilenos. Por eso, continuaremos fiscalizando, e interponiendo las demandas correspondientes, según sean los casos”.