Hasta la Contraloría llegó el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, junto a parlamentarios de la bancada DC, para presentar un requerimiento que busca solicitar un pronunciamiento del organismo, ante el uso irregular de redes sociales por parte del Gobierno, tras el fracaso del reajuste al salario mínimo.

El parlamentario denunció al ejecutivo, de utilizar cuentas institucionales en redes sociales, de intendencias, gobernaciones y otros servicios públicos, para “deslegitimar la postura de la oposición en materia de reajuste al salario mínimo”.

Al respecto, Soto señaló que “esta campaña de la post verdad ha sido liderada por el Presidente Piñera, secundada por los Ministros Monkeberg y Larraín y ha tenido una bajada comunicacional que es grave e ilegal en todas las regiones del país y sobre todo en la Región de O’Higgins”.

“Traeremos a cada uno de los responsables a esta Contraloría, para que el contralor declare la ilegalidad  de los actos de los intendentes, jefes superiores de servicios y gobernadores, que han ocupado recursos públicos, plataformas web y redes sociales institucionales, financiadas con dinero de todos los chilenos, para establecer los elitismos políticos, críticas políticas a la oposición y de esa manera, deslegitimar una postura que es válida y ha sido tomada de forma autónoma e independiente”.

Asimismo, Raúl Soto, hizo un hincapié en la que no “aceptará críticas falsas mediante redes sociales institucionales” y agregó que “por un lado quieren llamar a grandes acuerdos y por el otro lado establecen una política de violencia contra los parlamentarios de oposición”.

Finalmente, el diputado explicó que espera que se determine la instauración de sumarios respectivos y afirmó que “esperamos que no se vuelvan a utilizar recursos públicos, para establecer posiciones políticas o defensas corporativas, de los partidos de gobierno y que se tomen todas medidas que a partir de esta determinación de responsabilidad”.