Un fuerte rechazo a la utilización por parte del Gobierno de decretos para modificar el reglamento de la objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales manifestaron mujeres ex autoridades del Gobierno de la Presidenta Bachelet en nuestra región, básicamente pues este mecanismo modifica administrativamente una ley que fue votada democrática y mayoritariamente en el Congreso Nacional.

Así lo ratificaron en un comunicado la ex Intendenta Morín Contreras; la ex Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia; la ex Gobernadora de Cardenal Caro e Intendenta, Teresa Núñez; la ex seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez, y la ex seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Zamorano junto a representantes de organizaciones sindicales y del mundo académico, como América Hidalgo, Vania Figueroa y Adriana Bastias.

Fue precisamente esta última quien expresó que “desde la región vemos con preocupación que se utilice una vía administrativa para limitar un derecho que todas las mujeres de Chile han adquirido a través de un proceso que no fue corto y que fue tremendamente democrático y participativo en el Congreso Nacional y que impide que nuestra ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pueda ser ejercida libremente por las mujeres más necesitadas y se encuentran atravesando estas tres causales tan dificultosas”.

Zamorano añadió que “creemos que la utilización de vías administrativas para borrar y limitar el ejercicio libre de este derecho alcanzado por parte de las mujeres es justamente preocupante y permite que toda la discusión parlamentaria quede en nada”.

La ex seremi de la Mujer planteó que “adherimos también a los procedimientos que los parlamentarios, diputadas y senadores, y también organizaciones de la sociedad civil, han interpuesto en Contraloría para poder restituir el derecho de todas las mueres a ejercer la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Se espera también que las autoridades pertinentes en la región tomen las medidas necesarias, en relación a las objeciones de conciencia presentadas por facultativos en Hospitales Públicos, para que las mujeres de la región ejerzan su derechos en los principales hospitales regionales.

Asimismo, anunció que “en conjunto con las organizaciones aquí firmantes y las ex compañeras de labores del período anterior buscaremos la manera de informar a la ciudadanía respecto de la ley y de los alcances de cómo poder ejercer este derecho que nos costó tantos años alcanzar justamente informar y educar la manera de poder ejercerlo libremente y no permitir que nuestros derechos sean cercenados”.

Por su parte, América Hidalgo, de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, enfatizó que “nos parece gravísimo que hoy se les esté dando facultades a las instituciones para negar una prestación que fue debidamente zanjada en el Gobierno anterior y promulgada como una ley. Que se pongan este tipo de medidas que solo van a dificultar que cualquier persona pueda tener acceso libre a la prestación, es decir sentimos que se ha borrado con el codo todo lo que se ha firmado. Fue un debate largo y amplio y que hoy este acto administrativo lo venga a revertir nos parece gravísimo”.