En un positivo resultado concluyeron las fiscalizaciones de rutina realizadas por funcionarios de Sernapesca Región de O’higgins, Carabineros de la Tenencia de Carreteras de Colchagua y el apoyo de la Unidad Móvil de Sernapesca, quienes lograron la incautación de 1.107 kilos de merluza común a bordo de un furgón proveniente de la Región del Maule. La carga, distribuida en 41 cajas, no contaba con documentación tributaria y tampoco tenía la Acreditación de Origen Legal, visación que otorga la autoridad de pesca para certificar la legalidad de esta captura. 

La pesca ilegal incautada tenía como destino el Terminal Pesquero Metropolitano en Santiago, según reportó el propio conductor quien fue citado al Juzgado de Letras de San Fernando por infracción al Artículo 65 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. La carga, en tanto, tras ser inspeccionada por la Oficina de Acción Sanitaria de San Fernando, fue derivada al relleno sanitario al determinarse que no cumplía condiciones para el consumo humano.

El encargado regional de fiscalización de Sernapesca O’Higgins, Raúl Lara Leal, valoró el apoyo de la Unidad Móvil de Sernapesca y el trabajo conjunto que se realiza con Carabineros de dicha jurisdicción.

“Este tipo de controles conjunto tiene por objeto desalentar la pesca ilegal principalmente en torno a la merluza que está en estado crítico de conservación. La caja ilegal de merluza se transa en playa a $5.000 pero luego sus comercializadores la ponen a $20 mil o $30 mil en el Terminal Pesquero”, precisa. 

El infractor arriesga una multa de 20 a 40 UTM según la cantidad de carga ilegal.

Sumado a este procedimiento, los fiscalizadores de Sernapesca 0’higgins lograron también estos últimos días la incautación de 10 kilos de locos que se encontraban en un ruco de pesca en Pichilemu, mientras que otros 40 kilos fueron hallados por los funcionarios en medio de unos roqueríos y fueron devueltos la mar.

“La docena de locos se transa legalmente a $15.000 pero ilegalmente se vende a mitad de precio. Aquí el denunciado arriesga una sanción de 30 a 300 UTM por tenencia de recurso hidrobiológico vedado según el artículo 119 de la Ley General de Pesca y Acuicultura”, precisó Raúl Lara.