Otra vez se equivoca Francisco Javier Errázuriz, ese político que a principios de los noventas se hizo famoso explicando de la manera más estúpida posible de imaginar, la construcción de una fortuna familiar. El mismo que prometía terminar con la UF y posaba de inteligente junto a su inseparable Toyita, la misma que mataba el tiempo en el Senado de la República a punta de bordados a crochet. Vaya hombre este.

Otra vez se equivoca Errázuriz, pues sostiene su defensa en explicaciones pueriles y en fantasías que esconden lo peor de una práctica digna de ingenio azucarero. Trata de personas, una cuestión que poco a poco hemos comenzado a ver con mayor regularidad en el campo de nuestra región. En mi caso personal, hace muchos años he estado ligado a ayudar a trabajadores temporeros en consultas laborales y hace años fundamos uno de los excepcionales sindicatos de temporeros en la región.

Durante su conformación hacíamos foros para establecer la realidad que viven los temporeros y pudimos comprobar que en varios fundos de Rapel habían trabajando migrantes peruanos y bolivianos sin documentos, lo que fue denunciado en su momento y nunca investigado. Hoy una parte del manto de impunidad ha sido develado, pero no es suficiente.

La falta de mano de obra de temporada, no solo en la región, también en el norte y en el sur, está llevando a encontrar el tipo de soluciones ilegales que se dio Errázuriz, lo que ha motivado que nosotros como Consejeros Regionales agrupados en la Asociación Nacional, en la mesa de Internacionalización, hayamos propuesto a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara intervenir la ley de extranjería para dar cuenta de esta situación, transparentando la realidad y ofreciendo soluciones en derecho, como las que se dan en el sur de España por ejemplo, donde operan contratos en origen a través de agencias especializadas, que aseguran seguimiento a los trabajadores migrantes y posibilidad cierta de volver a su país de origen una vez terminado el ciclo que provocó su contrato.

En los tiempos de Lagos, Chile dio un paso fundamental en derecho internacional en cuanto a la situación de migrantes y trabajo, pero falta aún y la indignante situación que involucra a Errázuriz reaviva ese debate que no hemos podido socializar suficientemente como Consejeros Regionales.

Investigación por trata de inmigrantes 

Luego de tres años de investigación por el caso, el grupo empresarial liderado Francisco Javier Errázuriz fue condenado a pagar $122 millones en conceptos de remuneraciónes e indemnizaciones por daño moral a un grupo de ciudadanos paraguayos que trabajaban ilegalmente en fundos La Esperanza de Marchigüe y Santa Marta de San Antonio Petrel, de propiedad del grupo Errázuriz.

Los hechos se conocieron luego de que tres de los hombres escaparan de los fundos y denunciaran "esclavitud" y condiciones precarias de vivienda.

La condena, sin embargo, fue dictada por el Juzgado de Cobransa Laboral de Peñaiillo, limitándose a los aspectos vínculado a la situación laboral de los afectados.

El 14 de febrero de 2013, "Fra Fra" fue sobreseído temporalmente de las acusaciones por el delito trata de personas, debido a que la justicia lo consideró en estado de "enajenación mental".

Tres años más tarde Francisco Javier Errázuriz fue visto participando de una subasta en la comuna de Providencia, hecho que motivó a que la Fiscalía a solicitar una audiencia para realizar nuevos peritajes médicos al empresario.

Actualizado el 24 de agosto de 2021*

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