El diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, ofició al Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para que aclare los fundamentos que gatillaron la entrega de datos personales de quienes retiraron su 10% de AFP, al Ministerio de Hacienda.

Esta acción se suma a la presentación ya realizada a la Contraloría solicitando que se pronuncie respecto a la legalidad de estos hechos.

 En el documento se consulta bajo cuáles argumentos jurídicos se justifica la entrega de estos datos; si existe una obligación legal de la Superintendencia de Pensiones de entregar la información señalada al ministro de Hacienda; y se solicita transparentar la cantidad de usuarios afiliados a las AFP que se vieron afectados.

“El superintendente de pensiones, me ha confirmado que ya entregaron la información y datos solicitados por el ministro Briones respecto de personas que retiraron el primer 10% de su AFP. Una situación lamentable que pudo ser evitada. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando que ojalá la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de esta medida que creemos es arbitraria, abusiva e injusta, y no se apega al derecho de nuestro país”, afirmó Soto.

"Esta es una situación que genera inquietud ciudadana, más aún cuando se está tramitando un segundo retiro", agregó el parlamentario.

"No hay fundamento para pedir información de datos personales de quienes voluntariamente hicieron retiro de fondos previsionales. Si fuera para fines estadísticos, esos datos ya están, pero ¿Con qué otra finalidad se requieren los datos personales de quienes hicieron retiro? Es primordial que se esclarezcan los objetivos, circunstancias y todo aquello que rodea esta decisión, pues a simple vista, este ejercicio de identificación innecesaria genera la sensación de persecución a quienes deseen hacer un segundo retiro", sentenció.

Imagen: Huawei / Agencia Uno