Por Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile

El domingo 24 de junio se celebró el Día Nacional de Pueblos Indígenas, fecha que se eligió debido a que coincide con la época en que muchos de los pueblos indígenas de Chile celebran el inicio de un nuevo año o ciclo, en torno al solsticio de invierno.

Sin embargo, para las personas mapuche que viven en comunidades de la comuna de Ercilla, no parece claro que puedan celebrar el inicio del nuevo año con esperanza. Estas comunidades – como es de público conocimiento – son con frecuencia objeto de allanamientos en el contexto de diferentes investigaciones judiciales. Sin embargo, son incesantes las denuncias de que estos allanamientos son realizados con uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales.

Las denuncias se multiplican. A modo de ejemplo, Amnistía Internacional, sólo durante el año 2012, ha recibido denuncias graves de diferentes fuentes, que dan cuenta que estos allanamientos violentos se estarían produciendo a lo menos una vez al mes.

Entre las denuncias recibidas se incluyen detenciones arbitrarias, golpizas, uso de gases lacrimógenos incluso al interior de las viviendas, utilización de balines de goma y metálicos, todo ello causando heridas de diversa gravedad en las personas presentes. Con frecuencia, según las denuncias recibidas, entre las personas afectadas y heridas se cuentan menores de edad, mujeres embarazadas y otras personas que no tienen ninguna relación con los hechos investigados y que dieron lugar al allanamiento.Las propias comunidades han señalado que la frecuencia e intensidad de los allanamientos los está haciendo sentir bajo sitio, y que el propósito de los allanamientos sería intimidarlos.

Esto es grave, sobre todo porque situaciones como éstas están quedando en la más completa impunidad. Por supuesto que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y dar cumplimiento a órdenes judiciales. Sin embargo, estas acciones deben siempre desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y las denuncias de violaciones a dichos derechos deben tomarse en serio y tomar medidas para garantizar que no se repitan.

En primer lugar, es fundamental que todas estas denuncias de violencia policial sean investigadas de manera independiente e imparcial, y que quienes resulten responsables sean debidamente sancionados con una pena proporcional al delito cometido. Si hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos quedan en la impunidad, no es posible garantizar que estos hechos no se repitan en el futuro.

Lamentablemente durante este año las declaraciones de autoridades sobre la materia han apuntado a imputar delitos a personas mapuche y anunciar la aplicación – una vez más – de la Ley Antiterrorista. Sin embargo, no se ha dicho nada acerca de las medidas a adoptar para investigar debidamente las denuncias de violencia policial en contra de las comunidades, recordando que los casos de personas mapuche heridas o muertas debieran investigarse de igual forma y con el mismo celo que los casos de policías heridos o muertos en el contexto de los allanamientos.

En segundo lugar, y como requisito para poder dar cumplimiento apropiado a lo anterior, es urgente avanzar con la tan dilatada reforma a la Justicia Militar, de manera que hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos queden excluidos de su competencia y sean vistos por la justicia ordinaria. Esta es la única manera de garantizar la independencia e imparcialidad de la investigación y juicio, y avanzar en evitar la impunidad respecto de hechos de violencia cometidos por fuerzas policiales.

Es importante recordar que todas estas materias constituyen obligaciones internacionales para Chile, y han sido materia de recomendaciones por parte de órganos autorizados para interpretar y revisar el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, tales como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. En muchos casos, han existido nuevas denuncias de incumplimiento ante estos organismos. Pese a ello, han existido escasos avances sobre la materia.

Por cierto que el llamado “conflicto mapuche” no es más que un síntoma de un problema mucho más de fondo. La solución de base de la situación de las personas mapuche, y de otros pueblos indígenas en el país, tiene necesariamente que pasar por el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de Chile, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos reconocidos por el Estado de Chile, así como la implementación de las recomendaciones pendientes de la Relatoría Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En este sentido es relevante tener presente que los derechos humanos no son sólo un mecanismo para denuncias, sino también son y deben ser parte de la solución.