Tras una extensa investigación, la Fiscalía de O’Higgins, a través del fiscal Claudio Riobó, consiguió que se condenara al cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba al interior de recinto penitenciario de Rancagua La Gonzalina.

De acuerdo a los antecedentes, esta indagatoria se inició a fines del año 2015, donde pudo establecerse que esta banda dedicada al tráfico de drogas al interior del penal, contaba con la colaboración de funcionarios del recinto, además de familiares del principal imputado y un comerciante de las inmediaciones de la cárcel, todos ya condenados en esta causa.

Durante el juicio oral, la Fiscalía logró acreditar la activa participación y responsabilidad que le cabían en estos hechos a Carlos Riquelme Ariz, de 36 años de edad, quien se mantenía recluido en el recinto penal por otra causa, y era quien coordinaba este negocio ilícito, encargando y comercializando la droga.

Para tales efectos contaba con la colaboración de dos funcionarios de Gendarmería, quienes facilitaban el ingreso de la droga al recinto penitenciario, además de un comerciante que administraba un kiosco en el acceso de la cárcel y familiares de Riquelme quienes también colaboraban con la compra de la droga y efectuaban los depósitos bancarios para abastecerse de la misma.

Cabe señala que durante los allanamientos efectuados el día 19 de abril del año 2016 en los domicilios de los imputados, se logró incautar 483 gramos de droga, entre pasta base de cocaína y marihuana, además de tres vehículos que habrían sido adquiridos con las ganancias de la venta de esta sustancia.

Por su parte Riquelme fue sindicado como el cabecilla de esta organización, quien además de recibir la droga para su comercialización al interior del penal, recibía teléfonos celulares con los que le permitía mantener comunicación con el resto de la banda.

Finalmente la semana recién pasada concluyó el juicio oral en su contra, siendo condenado a una pena de 10 años y un día de presidio y al pago de una multa de 40 UTM por su responsabilidad como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes que sanciona la Ley de drogas.