El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a la pena de 10 años y 1 día de presidio a Mauricio Alejandro Santana Galdames, como autor del homicidio de J.M.M.C., el 1 de enero de 2015, en la población Centenario de la capital regional.

El tribunal, integrado por los magistrados María-Esperanza Franichevic Pedrals, Rocío Castelló Cordero y Joaquín Nilo Valdebenito, determinó la responsabilidad del imputado señalando que, "el delito y la participación del acusado como autor del mismo, resultaron suficientemente demostrados con el mérito del conjunto de la prueba de cargo, la cual resultó acorde y fue corroborada con la declaración prestada por el imputado en el juicio, en la que reconoció su intervención en los hechos en forma pura y simple. En efecto, conforme al mérito probatorio que se le otorgó al certificado de defunción de la víctima, J.M.M.C, se dio cuenta como causa de muerte una "herida penetrante cardíaca," compatible con agresión con arma blanca, lo que fue corroborado por el informe de autopsia médico legal".

 Según la acusación "los hechos ocurrieron el día 01 de enero de 2015, cuando la víctima de iniciales J.M.M.C. de 51 años, se encontraba en la intersección de calle Acevedo con calle Centenario de la Población Centenario de Rancagua compartiendo con unos conocidos del sector. Siendo  aproximadamente las 10.00 horas uno de estos conocidos, el acusado Mauricio Santana Galdames, -con quien la víctima había tenido una discusión previa-, decide concurrir hacia su domicilio tomando desde allí un arma blanca, ocultarla entre sus vestimentas y concurrir nuevamente al lugar donde estaba la víctima. Allí sin razón ni motivo justificado, comienza a agredir a J.M.M.C., con diversos elementos,  causándole diversas lesiones  entre ellas una de carácter cortopunzante  a nivel  cardiaco, la ocasionó su muerte en el mismo lugar de los hechos".

Los jueces otorgaron a Santana Galdames una pena de 10 años y 1 día de presidio efectivo por el homicidio de J.M.M.C, inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además del pago total de las costas de la causa.

 El condenado deberá cumplir su pena de cárcel en forma efectiva.