Como una situación preocupante, calificó el diputado DC, Raúl Soto, la serie de denuncias y antecedentes que llegaron hasta la ANEF en la región de O´Higgins, que dan cuenta de la contratación por parte de FOSIS, de un estudio jurídico que se hará cargo de la defensa de las acciones judiciales, en contra de los trabajadores desvinculados de la institución. 

 A juicio del diputado Soto, la situación es “completamente irregular”, por lo que anunció su colaboración con la Agrupación nacional de empleados Fiscales (ANEF) de la región de O’Higgins, a través de la presentación de un requerimiento ante la Contraloría, además de oficiar al Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Fosis.

 Al respecto el diputado Soto señaló que “está es una situación que no está debidamente justificada por parte de Fosis, por tanto reviste caracteres irregulares. Creemos que el servicio no puede contratar con recursos públicos un estudio jurídico para ejercer o defenderse de acciones judiciales en contra de los propios trabajadores que ejercen o ejercieron funciones en este lugar”. 

 Soto explicó que se presentará un requerimiento a la Contraloría, para que esta “se pronuncie sobre la ilegalidad de la actuación del servicio, específicamente por la contratación del estudio jurídico por alrededor de 47 millones de pesos, para defender el servicio y realizar acciones judiciales en contra de los trabajadores”

 “sabemos que estas acciones son propias del Consejo de Defensa del Estado, cuando el servicio no tiene las capacidades jurídicas de defenderse por sí mismo, y por eso creemos que en este caso no hay fundamentos suficientes  para poder utilizar recursos públicos millonarios para realizar estas acciones”.

El parlamentario, se refirió a la presentación de un oficio en la Comisión de Trabajo que integra en la Cámara para “que se dé cuenta de esta situación por parte del ejecutivo, ya que Fosis es una institución que depende del Ministerio de Desarrollo Social y debe responder ante estos cuestionamientos y hacerse cargo de esta situación”.

Finalmente, Soto afirmó que “no es posible que el Gobierno esté actuando como Estado para hacer un detrimento laboral de sus propios trabajadores y funcionarios públicos”.