Sobre los saqueos de cerros

Junto a Luis Castro, Presidente de la APR de Quilicura de Las Cabras, realizamos la denuncia en El Mostrador en enero del 2019 de cómo los palteros de la empresa Tralcan (José Luis Del Río, socios de Falabella), habían destruido gran parte del maravilloso bosque de boldos de El Chivato con retroexcavadoras.

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La diputada Alejandra Sepúlveda pidió investigar al Congreso y al Contralor General de la República, Sr. Jorge Bermúdez, y allí se descubrió que era la punta de un iceberg: cientos de permisos irregulares y acciones abusivas contra el medio ambiente por palteros y otros monoproductores (olivos, cerezas, viñas) en la zona central dañando gravemente el bosque esclerófilo. En las lluvias de junio del 2020 visitamos el lugar y comprobamos la grave erosión y quedamos hundidos en el barro, siendo acosados por camioneta de Tralcan que no permitió que un tractor nos sacara, y más aún nos acusan de injurias en juicio que sigue el Tribunal de Peumo, no obstante la Corte Suprema ha respaldado el dictamen de Contraloría ante los reclamos de la poderosa e inescrupulosa Sociedad Nacional de Agricultura, SNA;

El abuso sigue y urge que la Contraloría revise por qué Tralcan sigue con su plantación de paltos, por qué en el camino de Pichidegua a Santa Cruz hay viñas que de manera evidente están en pendientes altas tras destruir bosque esclerófilo, lo mismo por la mega empresa del Sr. Swett en San José de Marchigue y La Estrella con olivos en zonas altas de los cerros, lo mismo con palteros y algunos viticultores en Lolol, y la llegada de la empresa Garcés a Puente Negro al interior de San Fernando con cultivos de cerezos. En todos estos casos es muy relevante que la Contraloría investigue también si hay coherencia entre estos masivos monocultivos con sus derechos de agua y permisos otorgados por la DGA del MOP. En Mostazal se murió su preciado humedal urbano en el estero Troncó y la comunidad ha denunciado tomas ilegales y falta de control de la DGA contra la empresa Garcés.

Sobre los casinos ilegales

Nos correspondió encabezar en el Congreso la comisión que aprobó permitir en regiones dos a tres casinos ligados a inversión turística comprobada, dejando la mitad de los impuestos en la comuna respectiva y la otra para fortalecer los gobiernos regionales. Sin embargo, a vista y paciencia de todo el mundo y de la Contraloría en diversos municipios de la región, pero particularmente en el Municipio de Rancagua proliferan casinos irregulares, donde el alcalde UDI Eduardo Soto no sólo toleró los casinos de juego ilegales junto al edificio municipal y los vinculados a la concejala Pamela Jadell, sino que hasta hoy no se dicta ordenanzas ni se fiscalizan este comercio ilegal de supuestas “destrezas” que además empobrece a la comunidad, no paga tributos territoriales relevantes y no aporta nada al turismo.

Sobre el marketing banal y la deuda

Numerosos funcionarios que piden anonimato y dirigentes vecinales que no quieren persecución, nos imploran solicitar a la Contraloría el crecimiento de la deuda municipal pero a su vez el crecimiento del gasto en marketing y compra de espacios en radios y periódicos de los municipios de Rancagua, Marchigue, Peralillo, Rengo (no obstante la mejora hecha por alcalde subrogante regresa el titular), Litueche y Santa Cruz. Lo anterior es grave y hiere la democracia y las instituciones, al cooptar además el sistema de medios y evitar la esfera pública decente, además de dejar comprometida la gestión a futuras autoridades.

Estimada Contralora, le soy sincero con la crítica a la propia Contraloría Regional que no ha actuado en algunos de estos hechos evidentes y cómo aprendí de mi colega de la cooperación alemana Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, la corrupción son las coimas, el tráfico de influencia, pero también las omisiones lesivas como aquí se explican. Disculpe, mi “ojo de ciudadano” y le imploro también demoler el muro que el edificio de la Contraloría mantiene en calle Gamero con su vecino hacia el poniente en plena vereda, porque como dice la ley cuando se construye un edificio y toma la línea oficial debe dejarse el espacio para como bien de uso público, aunque el Municipio de Rancagua no se lo haya recordado.

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