Transversal rechazo a proyecto del gobierno para legalizar uso de registros históricos comerciales

Transversal rechazo a proyecto del gobierno para legalizar uso de registros históricos comerciales

17 Abril 2012

Parlamentarios y organizaciones de consumidores concordaron en la necesidad de no aprobar la normativa que permitiría el uso de registros históricos de información comercial de las personas por parte de instituciones.

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El diputado Felipe Harboe sostuvo que existe un rechazo transversal en la Cámara Baja y en la comisión de Economía, a legalizar los registros históricos, mediante el proyecto de ley de deuda consolidada.

Esto, luego de reunirse con el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Raphael Bergoeing, para manifestarle su preocupación por el uso de información comercial caducada por parte de algunas empresas.

El parlamentario sostuvo que el proyecto, iniciativa del Gobierno alojada en la Cámara de Diputados, “no favorece a los clientes”, y agregó que “la banca debe tener información actualizada, ya que la capacidad económica de una persona es muy distinta a la de hace cinco años atrás”.

Por ello es que el diputado emplazó al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a modificar las normas para establecer un plazo de caducidad para el uso de información comercial de las personas.

“Se lo manifesté al Gobierno, yo espero que el señor ministro de Hacienda entienda que no vamos a legalizar los registros históricos, le pido expresamente al ministro de Hacienda que modifique las normas del proyecto que está hoy en la Comisión de Economía en el sentido de ponerle un plazo final fatal para el uso de información comercial de las personas”, detalló Harboe.

El presidente de la comisión de Economía de la Cámara, José Manuel Edwards, rechazó la posibilidad que los bancos tengan datos históricos caducos de personas que ya han pagado sus deudas.

Por ello adelantó que dicho organismo revisará la legislación para asegurar penas de cárcel “a personas no naturales que manipulen bases de datos que están fuera de la ley”, según señaló.

“Tiene que existir lo que se llama el derecho al olvido y es que una persona que tuvo un problema para pagar hace más de cinco años, pero que ya pagó y tiene todas sus cuentas al día, tiene todo el derecho a que su información negativa no siga circulando en ninguna base de dato de ninguna persona jurídica, ni banco, ni casa comercial, ni financiera”, afirmó el diputado Edwards.

Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), subrayó que el proyecto sería una buena medida, en tanto permite conocer los niveles de riesgos de los consumidores y a aquellos calificados como “buenos pagadores”, pero no en las actuales condiciones que ofrece el país.

En este sentido, el líder de la agrupación consumidores indicó que  “el escenario que se da hoy en Chile cuando no tenemos una agencia nacional de protección de datos y cuando los datos se trafican y se venden de un lado para otro, este remedio no va a ser un buen remedio. Tenemos un escenario jurídico-institucional que no permite aumentar la base de datos a lo que se llama deudor positivo. Hoy existiría un Dicom para los que pagan y otro Dicom para los que no pagan en un escenario donde no hay ninguna fiscalización sobre los datos personales de las personas”.

El dirigente añadió que la norma sobre el uso de registros históricos es un retroceso. Algo que, mientras se tramita el proyecto de ley, estaría prohibido gracias a una circular emitida por el superintendente de Bancos, quien deberá asistir a la comisión de Economía de la Cámara, esta semana, para explicar el proyecto de ley de deuda consolidada.

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