La decisión se adoptó por una solicitud presentada desde el Ministerio Público debido a la existencia de peritajes pendientes respecto del delito de lavado de activos por el cual están imputados los ex altos ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes permanecen bajo la medida cautelar de arresto domiciliario después de pasar varios meses en prisión preventiva.

El fiscal Morales explicó que aún falta por revisar cerca de un millón de correos electrónicos, junto con efectuar algunas diligencias que han sido solicitadas por abogados querellantes y defensores.

Ninguna de las partes se opuso a la medida, de modo que la prórroga se resolvió en una breve audiencia encabezada por la jueza María Verónica Orozco.

La magistrada ya había accedido en diciembre del año pasado a ampliar en ocho meses el plazo para la investigación. Dicho límite se cumplía este mes.

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