El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región de O’Higgins se encuentra desarrollando fiscalizaciones a la ley de carnes en carnicerías y supermercados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa en el marco de las fiestas patrias.

Recientemente, el seremi de agricultura, Joaquín Arriagada, junto a la Directora Regional del SAG, Paola Conca, encabezaron la fiscalización realizada en la comuna de Santa Cruz, donde se encontró que los recintos visitados cumplían con la norma. “Hemos visto que la higiene, la cadena de frío y la documentación es la que corresponde. Tal como hiciera el ministro de agricultura, Antonio Walker, el llamado es a cotizar, tener proveedores confiables y seguros para no tener problemas de adulteración”, sostuvo la directora.

Durante este año, se han fiscalizado a la fecha 246 establecimientos, y se han registrado multas de tipo documental a 23 de ellos, lo que equivale al 9 %; porcentaje levemente menor que el de 2018, con 360 fiscalizaciones y un 10% de incumplimiento.

La Ley de Carnes (Ley N°19.162) establece un sistema obligatorio de clasificación deganado, tipificación y nomenclatura de las carnes y regula el funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria cárnica. Los principales objetivos de esta ley son controlar los eslabones de la cadena de la carne que inciden en la calidad final del producto que llega al consumidor y mejorar así la transparencia en su comercialización.

Al SAG, le compete fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, poniendo especialatención en el origen y la forma en que la carne se expone a los consumidores para la venta, su tipificación (por ejemplo, categoría “V”), nombre de los cortes, así como también la rotulación del producto tanto nacional como importado. En los locales de expendio de carnes, fiscaliza el cumplimiento de la normativa en vitrinas, cortes envasados envasados (bandejas), rótulos, cartelería y registro de venta.

Cabe destacar que la ley faculta al SAG para multar desde 1 a 100 UTMs ($49.000 a $4.900.000 aproximadamente) a quienes no cumplan con la normativa, así como decomisar carnes que no correspondan a la ley.