La enfermedad que corroe a gran parte de nuestro duopolio político compuesto por la derecha y la nueva mayoría, es la relación incestuosa entre  dinero y política, su sintomatología se expresaría en la emisión de las boletas llamadas “ideológicamente falsas”, con las cuales se habrían financiado irregularmente campañas políticas tanto de Derecha como de la Nueva Mayoría (Caso Penta y Soquimich).

Al observar la configuración histórica de las causas de esa enfermedad incestuosa, debemos a lo menos dar cuenta de algunos hitos que nos permitirían entender, en parte, ese incesto política/dinero estructurado en torno al modelo político chileno hoy expresado en las demandas contra las AFPs, contra el lucro en educación, contra la colusión empresarial.

Una primera arista a considerar, es que en el marco de una dictadura y no de una democracia, se implementaron en Chile reformas económicas estructurales que requerían de un consenso amplio que no hubo, en cambio se implementarían “políticas de shock” privatizadoras y de reducción del gasto fiscal. Se pasó del Estado “garante de derechos” al Estado “subsidiario” de la demanda” ya no del ciudadano, sino del consumidor. Estableciendo las bases para la estructuración de una democracia de consumidores y no de una ciudadanía deliberante.

Estos cambios económicos estructurales en nuestra sociedad, se llevaron a cabo a través de mecanismos sui géneris, como el plebiscito de 1980 sin registros electorales y en ausencia de una discusión masiva y abierta de la ciudadanía. A nuestro entender esto significó una performance política que pretendía mostrar a la opinión pública que el golpe de las fuerzas armadas no era una tiranía, sino más bien, un gobierno autoritario con legitimidad institucional y legalista que se expresaría en la constitución de 1980. Vale decir, una dictadura que pretendía dar un orden al país, dado el quiebre democrático y el caos al que había sumido país la llamada “vía chilena al socialismo”.

Este nuevo orden societal se basó en gran parte en un “plan económico”, que se había pre-figurado antes del golpe de Estado por un grupo de economistas encabezados por Sergio de Castro conocido como el “ladrillo” en 1972. Es preciso constatar que dicho documento fue entregado poco días antes del 11 de septiembre al almirante José Toribio Merino quien fraguaba el golpe antes que Pinochet. Estos economistas en su mayoría se formaron en la Universidad Católica y en sus estudios de posgrado en la Universidad de Chicago[1]. Se reunían en torno a un grupo alentado por Agustín Edward Eastman, el dueño de El Mercurio y gran parte de los empresarios chilenos que querían poner fin al gobierno de la “Unidad Popular”. Este grupo no solo quería salir de esta crisis política-económica, sino también instalar un nuevo modelo de desarrollo para el país basado en la fuerza del mercado y el sector empresarial. Ello requería, evidentemente, de una revolución capitalista y una legitimidad ciudadana que por la vía de las urnas no iba a llegar, la solución paso a ser un golpe de Estado encabezado por las fuerzas armadas y de orden que serian garantía de las reformas que la revolución capitalista suponía.

Lo que vino después del golpe, fue efectivamente una revolución capitalista -como la habían pensado los economistas de Chicago-, la única que logró instalarse en el país a punta de bayonetas, logrando configurar lo que en los 90 se llamo el “modelo chileno”, que consistió en la reducción de las atribuciones del Estado en materias sociales, como la salud, la educación, las pensiones. De este modo, se instaló constitucionalmente el “rol subsidiario” del Estado en consideración de su ineficiencia y mala gestión de los recursos, como lo argumentaban los seguidores de la economía del liberalismo radical, cuyos gurúes eran Milton Friedman y el economistas austriaco Friederich Von Hayek.

En la practica el “modelo chileno” supuso la privatización de muchas empresas del Estado, las que fueron realizadas sospechosamente, por no decir escandalosamente, en tanto, los mismos ejecutivos encargados de estas empresas estatales[2], puestos ahí por la junta, en el momento de la privatizaciones se transformaron en sus principales accionistas. Es un fenómeno a ser esclarecido.

Como sabemos, no se han hecho dichas revisiones, ni en los gobiernos “socialistas”  de la “Concertación”, ni con la “Nueva Mayoría”, menos podría hablarse de compensaciones y devoluciones. Uno de aquellos grupos que surgió de las oscuras privatizaciones fue el Grupo Penta que nació de la mano de una empresa que hasta 1989 fue estatal: el Instituto de Seguros del Estado (ISE) que entre gallos y media noches, como relata María Olivia Mönckeberg en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno” fue traspasado a Carlos Alberto Delano amigo personal del ex presidente Sebastián Piñera y Carlos Eugenio Lavín.

Otras de estas empresas privatizadas, que comenzaron a ser parte de lo que se llamo las políticas de modernización del régimen fue SOQUIMICH que paso a manos del yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou en 1980. Ambas empresas envueltas en la actualidad en financiamiento irregular de campañas políticas tanto de la derecha como de la nueva mayoría y, en su efecto, en delitos tributarios que hicieron que el fiscal a cargo del caso haya señalado que el Grupo Penta creó una “maquinaria para defraudar al Estado”.

 Al profundizar en el paso del tiempo, se nos esclarecen las marañas de esa relación incestuosa entre el dinero y política en Chile. Más allá de las coincidencias comenzamos a vislumbrar las cadenas del pasado que han arrastrado a los fraudes que nos muestran  nuestro presente. Podríamos decir, que esto es un efecto más del llamado “modelo chileno” fraguado al son de una dictadura, que nos hizo pensar en los 90 que éramos los jaguares de América. Esta historia continuara……..