Este fin de semana un equipo del Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de la región de O’Higgins, concurrió en una visita de fiscalización a Santa Cruz, con el objetivo de continuar esclareciendo presuntas irregularidades en la adquisición de casas desocupadas o arrendadas, e interponer posibles acciones —de carácter civil y penal—, que buscan restituir el valor del subsidio, o acreditar fraude al Fisco mediante la adulteración o falsificación de información o documentos durante la postulación.

La fiscalización fue encabezada por el director regional de la Institución, Raimundo Agliati, más el apoyo de diversos profesionales y estamentos de la institución. Las casas fiscalizadas pertenecen a la Villa Don Horacio I, II, III y IV Etapas, encontrándose 30 potenciales casos, que fueron sindicados por Contraloría Interna del SERVIU LGB O’Higgins.

Lo que se busca con estas acciones legales es que se restituyan al Estado el subsidio  que se les entregó para que accediesen a la propiedad. Desde el año 2010, se incorporó una cláusula en la escritura que reciben las familias, donde se les indica explícitamente la obligación de utilizar las viviendas durante al menos 5 años, asimismo prohibición de venderla u arrendarla durante este plazo, y que tienen que ser habitadas por ellos. Cuestión que en estos casos, no ocurriría.

Para Agliati, “el Ministerio de Vivienda y el SERVIU trabajamos para entregar viviendas de calidad a las familias que están hoy en día en situación de vulnerabilidad, o con alguna urgencia habitacional. Pero también, junto con eso, debemos fiscalizar y preocuparnos que los subsidios entregados sean realmente bien utilizados, y las personas estén efectivamente viviendo en ellas”.

Agregó el director regional. “Por lo tanto, luego de este trabajo de fiscalización, lo que viene próximamente es que tomaremos todas las acciones legales con las familias que no han cumplido con su compromiso de habitar las viviendas, o peor aún están lucrando con estas viviendas sociales. Porque reitero: es inaceptable y esto le hace mal al país”.

Además, Agliati sostuvo conversaciones con las radios Éxodo y Colchagua de la comuna, donde dio a conocer los alcances de esta fiscalización a la comunidad.

Tras esta situación, el Gobierno presentará un proyecto de ley que busca agilizar el tema de poder recuperar las viviendas mal utilizadas, para que éstas sean reasignadas a familias que realmente lo necesitan. El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, explicó que con el proyecto “queremos ponerles un atajo a las personas que abusan del sistema postulando a viviendas que no necesitan y que generan un doble daño”.

Así, el proyecto tiene como objetivo que los inmuebles que sean recuperados puedan ser destinados, en un plazo de 90 días, a personas vulnerables. También se estipula que estas propiedades puedan ser usadas por quienes han sido afectados por un sismo o catástrofe.