Hubo muchas conversaciones, movilizaciones, reuniones a todo nivel con el Gobierno saliente y los respectivos comandos presidenciales. Entre estas reuniones sostenidas, figura una con el comando de la actual presidenta Michelle Bachelet, en la que concurrieron dirigentes de la llamada coordinadora de sindicatos de empresas contratistas representados por todas las divisiones de Codelco-Chile, y que en esa oportunidad acompañó el diputado Esteban Valenzuela.
Durante esa reunión La Presidenta se comprometió a buscar solución al tema de los subcontratos, mediante un proyecto de ley.
He querido resumir esta narración para hacer la siguiente pregunta
¿ En qué quedaron todos los compromisos realizados?
Pues bien, uno de los emblemáticos proyectos de ley heredados de la administración anterior, es el que en mayo de 2002 el Presidente Ricardo Lagos ingresó al Senado y que dice relación con las empresas de servicios transitorios. Éste más tarde se convertiría en la normativa que regularía la subcontratación en Chile.
La iniciativa había surgido del sector privado -específicamente de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras de Chile (Agip)-, donde había conciencia de la necesidad de normar una situación que llevaba a que, por ejemplo, una de las mayores firmas del retail tuviera más de 100 sindicatos en su empresa.
El proyecto estuvo un año y medio tramitándose en la Cámara Alta, donde se llegaron a formular 131 indicaciones en la Comisión de Trabajo.
La sala del Senado destinó seis sesiones para su discusión. El 6 de abril de 2004, el proyecto ingresa a la Cámara Baja, donde no tiene mayores avances y descansa por un largo período. En agosto del año siguiente, el gobierno envía nuevas indicaciones, incluyendo la que se convertiría en una de las más polémicas: la responsabilidad solidaria de las empresas mandantes, estableciéndolo como sanción para empresas que no ejercieran una adecuada supervisión de sus contratistas.
Las indicaciones introducidas por el gobierno no tienen mayor movimiento en el Parlamento hasta que en enero pasado, a raíz de una huelga de los contratistas de Codelco- el presidente Lagos decide darle discusión inmediata al proyecto y en 24 horas se toma la decisión de reactivar su tramitación. El 10 de enero de 2006 la Cámara de Diputados recibe el oficio del Ejecutivo, estudia el proyecto en general y en particular, y lo despacha en un sólo día. Entre las siete de la tarde y las 10 de la noche de ese día los diputados PS Sergio Aguiló y Juan Pablo Letelier introducen tres indicaciones:

1. Una de las enmiendas modificó la definición de empresa y eliminó de ella la característica de tener una "identidad legal individual". Hasta ahora los holdings se estructuran a partir de varias empresas, cada uno con un RUT diferente. Sin esa "identidad" individual, podría interpretarse que todas las empresas de un holding en realidad son una sola, y eso tendría fuertes consecuencias para efectos laborales.

2. El cambio del concepto de "subsidiariedad" por "responsabilidad solidaria", en la relación entre las empresas y sus contratistas para los efectos laborales y previsionales de sus empleados. Hasta ahora, si un contratista no pagaba, por ejemplo, las cotizaciones de sus trabajadores, éstos pueden demandarlo, y sólo después recurrir contra la empresa "mandante". Pero el proyecto faculta a los trabajadores a entablar acciones contra cualquiera de las dos: la "mandante" o el contratista.
3. Y la tercera indicación modifica lo que se entiende por "subcontratación", y considera parte de ella a toda actividad comercial o legal con un tercero, lo que somete a esta práctica a casi todas las labores de "outsourcing".
El proyecto vuelve al Senado, donde hoy está en tercer trámite constitucional, lo que implica que la Cámara Alta sólo puede aprobarlo o rechazarlo sin hacerle cambios. La decisión pone en alerta máxima a todas las ramas empresariales, las que iniciaron un intenso lobby -principalmente entre los senadores de la Concertación, con especial énfasis en los de la Democracia Cristiana. A cargo de las gestiones se nombra al secretario general de la Sofofa, Andrés Concha y al presidente de la CPC, Hernán Sommerville; este último ha transmitido la inquietud privada a los ministros de Trabajo y Hacienda.
El 4 de abril pasado, la Presidenta Bachelet le pone "urgencia simple", lo que implica que los senadores tienen un plazo de 30 días para votar el proyecto.
Este proyecto de ley ha generado por parte de los ministros más cercanos a la Presidenta (Óscar Andrade, Ministro del Trabajo y Andrés Velasco, Ministro de Hacienda), un duelo que sin duda evidenciará en el gobierno hacia donde estará concentrado el matiz económico.
Andrade es un veterano dirigente del ala izquierda del PS y un aliado del senador Camilo Escalona, que como abogado se ha dedicado por casi 30 años a asesorar sindicatos. Velasco es el fundador de los liberales de Expansiva, doctorado en Economía en la U. de Columbia y ex profesor de Harvard, con una destacada carrera académica, pero poca experiencia política.
Esta ley debe ser aprobada en los siguientes días, y claro el primero de mayo sin duda es una fecha con un significado diferente para los trabajadores. Sólo esperamos que La presidenta no se olvide que las promesas deben ser cumplidas y sin duda ella es mujer de palabra.