Un nuevo caso de corrupción se investiga la Policía de Investigaciones en el MOP. Esta vez la denuncia fue hecha por el propio organismo estatal de la mano de la Seremi de ese entonces, Beatriz Valenzuela, por posibles irregularidades en el proceso de concesión de caminos.
La denuncia se efectuó el 2 de mayo de 2007, cuando el Ministerio de Obras Públicas entregara antecedentes a la Fiscalía Regional por dudosos contratos que comprometen cifras cercanas a los cinco mil millones de pesos, por mantención de caminos, los que habrían sido destinados al beneficio de 5 empresas privadas, según investigaciones del ministerio público.
De acuerdo a los antecedentes de la denuncia, tras el proceso de auditoría se comprobó que la Administración Directa (maquinarias propias y operadores de la Dirección de Vialidad) realizó trabajos en rutas y kilómetros de la VI región que debían ejecutar las empresas que se adjudicaron las obras. Asimismo, las firmas investigadas no ejecutaron las obras conforme a lo establecido en las bases de adjudicación de las faenas de conservación global y caminos secundarios. Lo anterior hizo presumir al denunciante el desvío de recursos fiscales y el aparente crecimiento patrimonial de funcionarios públicos que no se condice con el sueldo que percibían en calidad de tales.
Tras las diligencias de hoy resultaron detenidos el encargado nacional de contratos globales de conservación del MOP, Aldo Rossi; el empresario rancagüino Miguel Vásquez y su esposa, dueños de la empresa Pynen (con filiales en Santiago y Arica); el dueño de la empresa Gigda de esa misma ciudad, David Arroyo; y un inspector fiscal del MOP de la región.
Incautan computadores e interrogan a funcionarios del MOP O´Higgins
Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, de la calle Campos, con la finalidad de incautar documentación y recopilar antecedentes para la investigación. En este lugar la PDI incautó importantes documentos, computadores e interrogó a funcionarios públicos.
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El fiscal regional de Rancagua, Roberto Díaz, explicó que los delitos por los cuales se investiga son fraude al fisco y asociación ilícita. "Estamos hablando de un perjuicio fiscal de $5 mil millones. Esta asociación ilícita se adjudicaba contratos de conservación de caminos y no los ejecutaba o los ejecutaba por otras empresas”, indicó.
En tanto, el seremi del MOP, Sergio Araya, señaló este jueves que el organismo colaborará con el ministerio público. "Nosotros estamos aquí para derrotar la corrupción, si es que la hubiera. No conozco el expediente, pero lo que sí está claro que fuimos nosotros quienes originamos la denuncia y estamos llanos a colaborar con la investigación".
La ex Seremi del MOP, quien recibió amenazas junto a la actual auditora Carolina Parraguez por denunciar estos hechos, manifestó su tranquilidad frente a la investigación y los procedimientos llevados a cabo este jueves. "Lo único que puedo decir es que confío en la labor que ha realizado el ministerio público y que voy a seguir confiando en la labor que viene", indicó.
El Ministerio Público de la capital regional investiga también el robo de suministros y pérdidas fiscales que podrían superar los $60 millones. El Consejo de Defensa del Estado presentó querellas en ambos casos.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, valoró la diligencia judicial y manifestó su repudio a las amenazas que recibieron las funcionarias que estuvieron detrás de estas acusaciones, entre ellas la ex Seremi Beatriz Valenzuela."Hubo un momento el año pasado que a mí me preocupó: amenazaron a las dos funcionarias del ministerio de Obras Públicas y es muy importante que esto se aclare", culminó.
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