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Este jueves se dio a conocer que las empresas Enel, Grupo Saesa y Chilquinta pagarán $10 mil a los propietarios de medidores antiguos que los cambien por dispositivos inteligentes, a mediados de este año.

"con las tres empresas sumadas, estamos hablando de 2,4 millones de hogares cubiertos, de un universo de 4,5 millones de hogares" y realizó un llamado a las demás empresas a sumarse, entre las que se encuentra CGE.

Como una “vergüenza el acuerdo entre cuatro paredes”, calificó el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, el acuerdo entre las empresas Enel, Grupo Saesa y Chilquinta con el Gobierno, quienes durante esta mañana anunciaron que pagaran a los usuarios $10 mil a los propietarios de medidores antiguos que cambien sus aparatos por los medidores inteligentes a mediados de este año.

 Al respecto, Soto afirmó que el Ejecutivo “nuevamente le da la espalda a los consumidores del país y se arregla con las empresas privadas en desmedro de los derechos de los usuarios de la energía eléctrica en nuestro país, que sigue siendo los más perjudicados por esta situación”.

La ministra de Energía realizó un llamado a las demás empresas eléctricas a sumarse a este acuerdo, mientras que el diputado Soto insiste en que esa “no es la forma de solucionar el conflicto”, ya que, a su juicio “el Gobierno no ha querido dar una señal clara y definitoria en torno a zanjar esta situación y creemos que la única manera de avanzar en esto es que el Gobierno le ponga celeridad y urgencia a los proyectos que hay en tramitación en ambas Cámaras en el Congreso para que el costo total del medidor lo pague la empresa, además de compensar también a los consumidores por el cambio de la propiedad de los medidores”.

Soto, hizo un énfasis en la necesidad de cambiar la legislación y normativa vigente, para que esta vaya en beneficio directo de los consumidores. “La única medida valida por parte del Gobierno es suspender de forma inmediata el cambio de medidores en los hogares de nuestro país e instalar una mesa de trabajo a la brevedad, con todos los actores sociales, donde estén representados los consumidores, los usuarios, los representantes locales como políticos, alcaldes, las autoridades regionales, parlamentarios, en definitiva, todos los actores políticos y sociales que sean relevantes para poder zanjar y resolver esta situación y no, que se dé un seudo acuerdo en el marco de una cocina, entre cuatro paredes entre el Gobierno y las empresas eléctricas”.

Imagen: Huawei / Agencia Uno