El pasado 16 de Enero, Perú adoptó una drástica resolución respecto a su disputa limítrofe con Chile en relación a la delimitación marina: presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda al considerar que no está demarcada la frontera marítima con su país vecino, no validando tratados firmados en la década del ’50 con Chile. El Congreso peruano ya había aprobado anteriormente por unanimidad una ley que establece las líneas de base del dominio de su mar y que fija límites marítimos con su vecino, (de manera unilateral), dentro de un área del Pacífico rica en pesca, que nuestro país considera parte de su territorio
¿Por qué motivo Perú desconoce acuerdos firmados con Chile hace ya varios años y decide tomar cartas en el asunto?
La tesis peruana apunta a que los tratados vigentes respecto a delimitación marítima con Chile (la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954), son convenios en los cuales no se trataron los límites y sólo se fijaron las condiciones para la explotación pesquera. El diferendo se refiere al área marítima comprendida entre el paralelo que cruza el punto donde termina la frontera terrestre entre Chile y el Perú (según Chile el "Hito Nº 1" y según el Perú el "Punto Concordia"), y la línea bisectriz a las perpendiculares a las costas chilenas y peruanas, formada por la superposición de las líneas de base de ambos países que forma un trapecio de 67.139,4 km², de los cuales unos 38.000 km² son considerados como soberanos por Chile y respecto de los cuales el Perú pide una división equitativa.
La respuesta del Gobierno Chileno no se hizo esperar. El ministro de Relaciones exteriores, Alejandro Foxley, leyó una declaración, en representación de la Presidenta Michelle Bachelet. "El gobierno de Chile lamenta profundamente esta presentación ya que en ella se desconocen tratados vigentes entre ambos países y se desconoce la práctica observada por décadas en su aplicación", sostuvo Foxley. También destacó que "la demanda del Perú se refiere a espacios que se encuentran incuestionablemente bajo soberanía y jurisdicción chilena", de modo que "nuestro país hará valer todos los derechos que le asisten de acuerdo al derecho internacional".
Los problemas de Chile y sus vecinos no son en realidad tema nuevo para nuestro país. Muchas veces salen a la palestra viejos temas limítrofes o reivindicaciones territoriales (Bolivia), denuncias respecto la ayuda brindada por Chile en conflictos bélicos a países extranjeros (Guerra de las Malvinas, Argentina), y temas principalmente limítrofes con Perú, en momentos en que en sus respectivos países pasan por convulsiones políticas o presentan mermas de apoyo ciudadano. Recordemos también que Perú aun espera una disculpa del Gobierno Chileno respecto a la “presunta” venta de armas a Ecuador en 1995, durante la guerra del Cóndor, entre Perú y Ecuador, instancia que nuestro país habría enviado armamento militar s este último. En aquella oportunidad, el vocero de gobierno Francisco Vidal (que nuevamente se “repite el plato” con Bachellet), criticó que Perú "cuestione la buena fe con que el gobierno de Chile desempeñó su rol de garante, lo que considera inaceptable".
Retomando el tema limítrofe, hace muy poco leía en la revista “Que Pasa”, un artículo relacionado con los costos que deberá enfrentar Chile ante la demanda marítima peruana. Abogados, asesores gubernamentales y ex ministros estiman que el juicio puede durar unos seis años y que el Estado chileno tendrá que gastar unos 6 millones de dólares en él.
Aunque los verdaderos costos sólo se conocerán a medida que avanza el litigio, se calcula que un 70% del presupuesto se lo llevarán los asesores internacionales. Entendidos en el tema aseguran que los honorarios de un abogado extranjero de la categoría del sueco Jan Paulsson, quien será la cara visible de Chile ante la Corte, ascienden a 800 euros la hora. Junto a él trabajan otros tres abogados expertos en derecho internacional: el inglés Christopher Greenwood, y los franceses Jean-Marie Dupuy y Prosper Weil. La tarifa de estos tres profesionales es similar a la de Paulsson. El otro 30% se distribuye en diferentes flancos. Por ejemplo, las opiniones de expertos legales en el tema, las que se entregan por escrito, también se pagan. "Son posturas que avalan la posición chilena y la defensa las utiliza como apoyo durante el juicio. Ya hay dos expertos que están trabajando en esos escritos, y Chile debe pagar por ello entre 50 mil y 100 mil dólares", dice un asesor del gobierno.
Un punto a considerar es el hecho que Perú podría tomarse unos 10 meses para presentar la demanda con todos sus argumentos, por lo que durante 2008, Chile estará a la espera. Los mayores gastos se presentarán en 2009, cuando entren a la cancha los abogados defensores.
Perú no pierde nada en esta nueva ofensiva contra Chile. Las posibilidades del país del norte son tres: si gana la bisectriz, logrará una victoria sobre su histórico rival, si gana la equidistancia, gana territorio que antes no tenía y si pierde, su territorio queda inalterado geográficamente. Chile deberá junto a su equipo de expertos que la corte valide los tratados y que éstos si tengan efecto jurídico en materia limítrofe. De hecho, éste será el primer “round”: lo primero será el análisis por parte de la Corte de la petición de “Declaración de Incompetencia” que Chile interpondrá, basándose en el artículo VI del Pacto de Bogotá. Al invocar éste, automáticamente se le pide a la Corte que se pronuncie sobre la existencia o no de un Acuerdo o Tratado. Si la Corte se declara Competente, la primera “batalla” sería ganada por Perú, ya que se partirá de la base que NO HAY TRATADO.
El tema en realidad recién empieza, y por lo visto, queda un largo camino por delante.