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Hasta septiembre de este año los recursos presentados ante los tribunales para dejar sin efectos las alzas de los planes de Salud, ya superaron los 30 mil.

Con la cifra también  se aumenta a 21 mil y fracción las acciones judiciales presentadas el 2011, y las mismas Isapres proyectan que cerrarán el último trimestre con un total de 40 mil.

Desde hace al menos cinco años atrás que han ido aumentando de forma progresiva este tipo de conflictos. Actualmente, el 94 por ciento del total del trabajo de la Corte de Apelaciones de Santiago son sólo recursos contra las Isapres.

Situación que no extrañó a Matías Goyenechea, del Movimiento Ciudadano Salud en Derecho, para quien esto es sólo un reflejo de lo que sucedió en agosto  de 2010 cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal la tabla de factores riesgos que utilizaban las isapres, “esto ha generado que se haya venido una avalancha de acciones judicial de los cotizantes que están alegando en los tribunales porque que están vulnerando sus derechos”.

Este incremento también ha significado una especialización por parte de los abogados y las Isapres estiman que se ha generado un mercado de 4 mil millones de pesos anuales a través de las costas de estos juicios.

En este sentido, el abogado de la Universidad de Chile y director de Defensalud, José Luis Baró, afirmó que aquí no se está generando una industria, ya que al mes tramitan cerca de 100 recursos.

“Pero sí está claro el lucro que realizan las isapres, las que constantemente incrementan sus ganancias”, afirmó Goyanechea, denunciando que los dueños de las Isapres y de las clínicas son los mismos, controlando la oferta y fijando los precios.

Desde el Movimiento Ciudadano Salud en Derecho también advirtieron que también hay que ver lo que está pasando con los centros médicos, ya que el Sernac hace poco detectó diferencias de precios de hasta 400 por ciento, un problema que “no se ha encarado y se ha silenciado”.

El abogado Pedro Barría, quien está a cargo de una serie de defensas de ciudadanos por este tema, coincidió con señalar que el problema es más de fondo y que está en el funcionamiento del actual modelo.

“Es una situación muy anómala y muy irregular que uno de los contratantes tenga facultades unilaterales para fijar el precio de contrato sin que haya un sistema objetivo de fijación de precios. No hay en Chile ningún servicio público de la trascendencia como el contrato de salud, en que el proveedor del servicio tenga la facultad unilateral del fijar el precio. La culpa no es de los afiliados que van a la corte, no es de los abogados que los asesoran, la culpa es de un sistema absolutamente anómalo, irregular, desequilibrado, discriminatorio, etc”, explicó el abogado.

Para Barría, al entregarle a la parte poderosa la facultad de manejar el precio, éste se utiliza como un factor de selección de riesgo, por ejemplo en el caso de adultos mayores y enfermos, que son costosos para el sistema y, a la vez, de recuperación de afiliados sanos y jóvenes.

En esta línea, ambos cuestionaron el IPC de la Salud, medida propuesta por el Gobierno para terminar con la judicialización, pero que es parte del proyecto de Plan Garantizado, detenido en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Para el abogado, el IPC de la Salud, como sistema objetivo de fijación de precios, no puede ser referencial u optativo, sino que debe mandatar a las empresas. Mientras, para el vocero de la organización ciudadana, constituye un riesgo, ya que podría terminar legitimando de forma técnica las alzas de planes de los usuarios de isapres.

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