Soledad Alvear [6]ha entregado una propuesta al Gobierno de este país, que ha elaborado la Democracia Cristiana [7], respecto a cómo poner término a la corrupción desatada en estos dos últimos periodos, y que al escuchar a la gente es muy lamentable y a la vez reprochable lo que sucede día a día y lo peor, es que se ha expandido a casi todas las reparticiones gubernamentales y Municipales de Chile.
Son 28 puntos los que ha presentado la Senadora; quiero hacer un análisis de cada uno de ellos, por lo tanto creo que esto lo dividiremos por parte, para la comprención de todos. Este documento "DE CARA AL PAÍS, 28 Propuestas de la Democracia Cristina en pro de la Transparencia y Probidad".
. UN ESTADO DE CARA AL PAÍS
Las siguientes medidas buscan promover la transparencia y probidad de la Administración Pública y se enmarcan en la continuidad del proceso de modernización que han impulsando los gobiernos de la Concertación, lo que comprende, ciertamente, una agenda más extensa. Las proposiciones se agrupan en dos áreas: el control y la transparencia.
A) UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL, ÁGIL Y EFICIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1.- Potenciar y perfeccionar el control financiero y las auditorías a cargo de la Contraloría General de la República. No basta con un simple aumento de la planta y recursos de la Contraloría. Se debe reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para darle autonomía económica y reforzar sus funciones de control contable y de auditoría financiera.
Para ello debe facultársele para que en los sumarios que instruya por esta vía decida las medidas sancionatorias (y no se limite a proponerlas, como pasa hoy), para contratar auditorías externas y para intensificar el uso de las tecnologías informáticas, de manera que toda la información que genere esté a disposición de los particulares en Internet. Esto supone eliminar la toma de razón en asuntos que no tengan naturaleza contable o presupuestaria. La última medida tiene las siguientes ventajas:
- Descarga de esa tarea a la Contraloría, pues implica analizar cientos de miles de actos administrativos sacrificando la profundidad del análisis. Ello permitirá que se concentre en un ámbito especializado: el financiero. Así dará mayores garantías a la ciudadanía.
- Da más celeridad a la actuación de las autoridades, pues significará un trámite menos en la dictación de actos administrativos.
- Recupera el centro histórico de la actividad de la Contraloría, como ocurre con las demás Contralorías en el mundo.
2.- Establecer Tribunales Contenciosos Administrativos para reemplazar la función de control de legalidad que desempeña la Contraloría en aquellos asuntos que no sean contables ni presupuestarios. Se trata de tribunales especializados para conocer de las reclamaciones que tengan los ciudadanos contra la Administración Pública mediante un procedimiento expedito, público, eficaz y de carácter general. Las ventajas de este mecanismo son las siguientes:
- Al ser un control especializado mejorará la actuación de los tribunales en defensa de los derechos de los ciudadanos.
- No tendría las restricciones que tiene el control de legalidad que realiza la Contraloría, pues no se limitará a un mero control de forma.
- Contará con las garantías de un debido proceso, que actualmente no está resguardado en las presentaciones que se realizan ante la Contraloría.
- Al ser un control ex post y a requerimiento de parte se limitará el número de materias a conocer, permitiendo un análisis jurídico más detenido.
3.- Fortalecer el control interno: rango legal al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y mayor autonomía. Este organismo se encarga del control interno de la Administración, mediante auditores ministeriales y por servicio.
Se propone aprobar el proyecto de ley en trámite y modificar dos aspectos. Primero, la dependencia del Auditor General de Gobierno, pues el proyecto lo califica como funcionario de exclusiva confianza. Su nombramiento –y el del Consejo- debiera realizarse con aprobación de la mayoría absoluta del Senado, y sólo debiera cesar en el cargo por causales taxativas que no incluyan la libre remoción. Segundo, se propone que los auditores ministeriales –que en el proyecto son funcionarios de carrera concursables cada tres años- tengan un plazo de duración que supere al del Gobierno (p. ej., 5 años).
4.- Fortalecimiento de la legislación penal en materia de corrupción. Aunque la erradicación de la corrupción no puede descansar en la legislación represiva, un derecho penal vigoroso en este ámbito resulta un complemento indispensable para los esfuerzos de prevención y control del fenómeno.
Desde esta perspectiva se hace necesario corregir los defectos técnicos y vacíos que subsisten en la legislación penal vigente sobre la materia, tales como la exigencia de actos de servicio específicos como contraprestación necesaria en materia de cohecho, el excesivamente tardío momento consumativo del delito de uso de información privilegiada o las insuficiencias del delito de tráfico de influencias, entre otros, que dicen relación con formas más sofisticadas e insidiosas de aprovechamiento indebido del cargo público.
5.- Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Este organismo debe encargarse del control de gestión, llenando un vacío en nuestro sistema, que sólo contempla este control de gestión al interior de la Administración del Estado (a cargo de la Dirección de Presupuestos).
Esta agencia tendrá a su cargo la evaluación de los resultados de las leyes y programas gubernamentales y debiera depender del Congreso Nacional, encabezándola un Consejo nombrado conforme un mecanismo que le brinde autonomía (estilo Consejo del Banco Central).
Se la debe facultar también para recibir los reclamos de la ciudadanía que deriven de actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado que afecten sus derechos y de formular sugerencias, recomendaciones y/o informes no vinculantes a los servicios públicos y ejercer acciones judiciales contra la Administración Pública en defensa de intereses colectivos o difusos.
Creo y muchos que la preocupación de la Senadora Alvear junto a los que ayudaron a la elaboración de este documento, da una pauta para la rectificación que se podrá hacer, siempre y cuando estén de acuerdo todos los legisladores que representan a la ciudadanía . Es un intento que se debe llevar a la realidad,este es una parte de lo entregado por la Senadora.Enviaré otros artículos que será el siguiente al tema, ya que son 28 los puntos que ha entregado la Senadora y que no se puede eludir este trabajo que ha costado tiempo además de tener un estudio jurídico de lo expuesto.