Dura condena para mujer que vendía droga en carrito de comida rápida

Dura condena para mujer que vendía droga en carrito de comida rápida

22 Febrero 2018

La imputada comercializaba los estupefacientes en una población de Rancagua, por lo que se le atribuyó el tráfico de drogas  y su ADN fue ingresado al registro nacional de condenados

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Francis del Pilar Moreno Castro a la pena efectiva de 5 años y un día de presidio, como autora del delito de tráfico de drogas.

En el fallo de la justicia se establece que a la imputada se le acreditó que el 7 de marzo de 2017, en el marco de una diligencia investigativa autorizada por el fiscal, personal policial vigilaba una vivienda ubicada en la calle Antonio Garfias de la población Diego Portales de Rancagua, en cuyo frontis existía un carro de venta de comida rápida, donde se vendía droga.

El documento judicial relata que “(…) luego de obtener la respectiva autorización de ingreso y registro de la casa habitación, se ingresó a ésta. El primer funcionario indicó que en el exterior, frente al carro, estaban dos personas, una de ellas reunía las características que le aportó la compradora, el que se llamaba Jimmy, quien mantenía una bolsa con pasta base y ocho envoltorios de marihuana y, el otro sujeto Enrique, con una bolsa de marihuana y otra de pasta base; todo ello mientras otro personal ingresó directamente a la casa habitación, de lo cual tomó conocimiento y aportó lo ocurrido, refiriendo que la pasta base encontrada en la bolsa que lanzó la acusada fue de 998 gramos de pasta base y 223 gramos de marihuana prensada, más la pesa digital”.

Además de los 5 años tras las rejas, el fallo del Tribunal aplicó a Francis del Pilar Moreno Castro las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; así como también del pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de la sentenciada para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.