Día Mundial del Medio Ambiente: Deudas y Compromisos

Sara Larraín, Directora Ejecutiva Fundación Chile Sustentable

La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, por Naciones Unidas, pretende sensibilizar a la clase política y a la población mundial sobre la situación ambiental, e  incentivar a las personas a tomar un rol activo para avanzar hacia un desarrollo más sustentable a nivel local y global.

Para los chilenos el tema ambiental es hoy un área en extremo sensible. Las comunidades locales y las regiones se sienten amenazadas por la irrupción de inversiones destructivas en sus territorios y existe un intenso malestar ciudadano sobre el deficiente comportamiento ambiental del Estado y de los actores del Mercado.

Si debiéramos optar por el mayor desafío de insustentabilidad ambiental que enfrenta Chile hoy día, tendríamos que destacar dos grandes problemáticas que han alcanzado niveles dramáticos y no pueden esperar: la contaminación atmosférica  y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Ambos han pretendido resolverse con declaraciones, reformas cosméticas y medidas paliativas de corto alcance, evidenciándose un rotundo fracaso, ampliándose e intensificándose la degradación y los conflictos. El gobierno de Bachelet ha comprometido abordarlos, pero existe poca confianza de que se implementarán los cambios estructurales para resolverlos.

El 21 de mayo la presidenta anunció que revertirá durante los 4 años de su mandato los niveles de contaminación atmosférica a que se encuentra expuesta la población en 14 ciudades del país. Hoy la contaminación se mide en más de 25 ciudades, y ya se han declarado 21 zonas latentes o saturadas de contaminantes. Entre ellas María Elena, Calama, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Quintero (Ventana), Caletones, Chillán, Temuco, Padre las Casas, Osorno, Coyhaique y todas las comunas de la Región Metropolitana.

Las principales fuentes emisoras de contaminantes en Chile corresponden a centrales termoeléctricas y fundiciones de cobre  en el norte y centro del pais, y combustion de  leña humeda en la zona centro sur en cocinas y calefactores de deficiente combustión: por tanto es urgente generar planes de descontaminación efectivos y acordes al desarrollo tecnológico disponible.

En primer lugar en necesario regularizar la leña como combustible sólido, con  estándares de humedad y normas de combustión para aparatos de uso industrial y residencial. En segundo lugar es imperativo descarbonizar nuestra matriz energética, priorizando en los planes de expansión de la matriz las energías renovables con convencionales (eólica, solar, geotermia, etc) en base a ordenamiento territorial y participación ciudadana; y establecer  metas vinculantes de eficiencia energética en todos los sectores de la economía.

El pasado 21 de mayo, el gobierno también anuncio que dará estatus de bien nacional de uso público a las aguas en todos sus estados, y que enviará al Congreso reformas profundas a la legislación vigente. Pero a tres meses de gobierno a pesar de la crisis hídrica y el empeño de las organizaciones ciudadanas; nada ha ocurrido con excepción del diagnóstico que desarrolla el delegado presidencial y los discursos. Peor aún, en los hechos el gobierno ha retrasado la agenda ciudadana y parlamentaria sistemáticamente: no ha retomado la tramitación de ninguno de los proyectos pendientes de su administración anterior, como la Reforma Constitucional y la ley que crea los servicios sanitarios rurales; no ha patrocinado ninguna de las iniciativas parlamentarias actualmente en tramitación, como la moción que reforma el Código de Aguas  y las mociones para la Protección de Glaciares. Al contrario el gobierno ha declarado que creará una mesa para elaborar una normativa al respecto. En la misma dirección, ayer 4 de junio el gobierno ha pedido a la Comisión de Recursos Hídricos suspender la tramitación de la moción que reforma el Código de Aguas,(faltando sólo 3 artículos por aprobar),  porque en dos meses llegaría con un proyecto propio, basado en el informe del delegado presidencial.

Así el gobierno de Bachelet “no come ni deja comer” en materia de aguas. Tiene certeza de que se debe avanzar efectivamente en el reconocimiento de las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados (modificando la Constitución en su artículo 19 número 24), lo cual es coherente con la Reforma Constitucional enviada por su administración al Congreso en 2009, pero 5 años más tarde retrocede a los diagnósticos y bloquea las iniciativas parlamentarias más avanzadas.

En el ámbito de los glaciares, Bachelet promete en 2005 a los ambientalistas y las comunidades de Huasco protegerlos, pero no legisla al respecto y en 2014 en lugar de patrocinar las iniciativas parlamentarias en tramitación, promete una mesa de trabajo. ¿Querrán decirnos  que el país debe esperar otros 10 años para proteger algo que la industria minera viene destruyendo desde los años 90?

Hasta ahora, con excepción de la propuesta de impuestos verdes (que permitirán internalizar ciertos costos de contaminación) en el artículo 5º de la Reforma Tributaria, el gobierno de Bachelet no ha concretado nada en cuanto a sus discursos y compromisos ambientales.

Tampoco ha retomado las iniciativas del gobierno pasado en cuanto a gestión de residuos y reciclaje con inclusión de los recicladores de base o la fiscalización en materia de aguas. Hoy, en honor del día del Medio Ambiente, junto con inaugurar el parque solar “Amanecer” en Atacama,  la presidenta Bachelet anunció el envío de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, comprometido para los primeros 100 días; pero en los hechos la ciudadanía percibe una pérdida del impulso y un retraso en cuanto a las reformas de relevancia ambiental y la ausencia de una ruta en cuanto al ordenamiento territorial y la participación ciudadana comprometida; cuyo punto más crítico es el de la Consulta Indígena del Convenio 169 (vigente desde 2010).

Está por verse, cuáles serán los reales alcances de las reformas en trámite y los avances que concretará el gobierno de la Nueva Mayoría en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el acceso al agua y la justicia ambiental en los territorios. Los ciudadanos, hoy más “empoderados” esperan hechos y no promesas.