Conmoción causó la muerte del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz, uno de los tres jueces que fue suspendido junto Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta, acusados por presuntos actos de corrupción mientras se desempeñaban en sus cargos al interior del tribunal de alzada.

El hecho ocurrió un día después de que el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, informara la decisión del máximo tribunal de aplicar la máxima sanción y suspender a los tres magistrados durante cuatro meses y abrir cuadernos de remoción en su contra. 

La diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la Comisión Investigadora por el caso Rancagua, aseguró que la muerte de Albornoz conmocionó a la región de O’Higgins, pero que la investigación continúa de la misma forma.

“Hay una planificación, una metodología que se está llevando a cabo y seguimos con el procedimiento como corresponde. Se persigue aquí una responsabilidad desde el punto de vista político, una responsabilidad constitucional, una responsabilidad desde el punto de vista de lo que debería haber hecho el Ministerio de Justicia en relación a estos casos”, afirmó la parlamentaria en entrevista con Radio Universo.

En la misma línea, explicó que han recibido “denuncias en el transcurso de estos meses en relación a los fallos que estos tres magistrados, tanto (Emilio) Elgueta, (Marcelo) Vásquez, como (Marcelo) Albornoz, habían realizado en la Corte de Apelaciones de Rancagua y esos casos tienen que ver también con, al parecer, tráfico de influencias, con fallos que no correspondían en relación a los argumentos que entregaban cada una de las personas que se sienten afectadas por estos fallos”.

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Sobre las diferentes responsabilidades que posee cada uno de los ministros en el caso, dijo que “no hacemos la diferencia. Lo que tiene que ver con delitos, la diferenciación la debe ver la Fiscalía y lo administrativo, la remoción, el cuaderno de cargos, lo hace la Corte Suprema. Nosotros estamos fiscalizando lo que tiene que ver con los procesos y con las responsabilidades que pueda tener el propio Ministerio de Justicia”, manifestó.

En cuanto a las causas, sostuvo que algunas fueron anuladas, pero cree que hay otras que deberían revisarse. “Es lo que queremos dilucidar en estas sesiones y audiencias públicas”, precisó.

“Son alrededor de 7 u 8, algunas tienen que ver con nombramientos de notarios, otros con fallos de los tribunales donde participaron Elgueta y Vásquez y que tiene que ver con los notarios. En Pichilemu tenemos uno, hay alrededor de 17 casos (que tendrían) relación con el notario de Pichilemu. Hay varias cosas que preferiría no adelantar, escuchar las denuncias y llevarlo a las instancias que corresponde, sea la Fiscalía o la propia Corte Suprema, detalló.

NOMBRAMIENTOS BAJO SOSPECHA

Sepúlveda también indicó que ya se inició la investigación sobre los nombramientos de los tres ministros indagados por la Suprema.

“Recibimos la información ayer en la tarde de cómo se nombraron, de cómo fueron las ternas, cuáles fueron las distintas votaciones para hacer estas nominaciones y efectivamente estamos revisando lo que ocurrió con los tres magistrados y también con los notarios”, explicó la ex DC.

Sobre el senador Juan Pablo Letelier, quien ha sido vinculado a la causa por su supuesta cercanía con los jueces, dijo que “creemos que es muy oportuno y necesario que él pueda ir a declarar (a la comisión), es una de las personas que está en común denominador con este tráfico de influencias y es bueno y es sano para él que pueda ir a la comisión y plantear sus descargos, sus aprehensiones o aclarar la situación. Es bueno para él y también para el Congreso”.