Llevó muchos años a los planificadores de las políticas públicas de nuestro país entender y asumirla importancia de la participación ciudadana en la gestión publica. De hecho, en Chile se inicia el proceso de creación de una ley de participación ciudadana casi cuando ya llegábamos al año 2000.

Para ser precisos, sólo en el comienzo del Gobierno de Ricardo Lagos se empieza con laelaboración de una propuesta de ley para potenciar la participación ciudadana en las diversasinstancias de la gestión del Estado, iniciativa que sólo a finales de este mismo periodo presidencialinicia su trámite en el Congreso. Debieron pasar cinco años más (todo el periodo de Michelle Bachelet y el primer año del Gobierno de Sebastián Piñera), para que finalmente en febrero del 2011 esta ley fuera promulgada.

Pero lo más lamentable no ha sido solo la tardanza en la elaboración de esta ley, sino que laevidente falta de entusiasmo con que tanto el gobierno central como sus principales actores, los gobiernos locales, han asumido su implementación y dejado de cumplir su normativa.

Y es que mientras a nivel mundial las principales gestiones, tanto de gobiernos centrales comolocales, avanzan en la incorporación de la participación ciudadana en el diseño de su gestión; en nuestro país, cuando por fin logramos que se legislara en esta materia, muchos alcaldes han sido indolentes e irresponsables en la implementación de esta normativa, dejando de manifiesto su rechazo a integrar a la ciudadanía en los procesos de planificación pública.

Nuestros alcaldes, en su gran mayoría, desarrollan su administración desde un paradigmaantiguo, donde no se hace parte a la ciudadanía en los procesos de planificación, optando por modelos de gestión tecnocráticos, privilegiando un estilo donde el alcalde y sus técnicos toman las decisiones solos y entre cuatro paredes. Con ello nos exponemos peligrosamente a la realizaciónde diagnósticos incompletos, intervenciones ineficientes y además se genera un caldo de cultivo para la corrupción.

La Ley 20500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece una serie de acciones y periodos que los alcaldes debían respetar. En el caso particular de Rancagua nuestras actualesautoridades han incurrido en las siguientes falencias:
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Al 06 de agosto de 2011 se debió haber aprobado la nueva Ordenanza de Participación Ciudadana y el Reglamento para el funcionamiento del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta nueva entidad (reemplazante del antiguo CESCO) asegura la participación de las organizaciones sociales, funcionales, territoriales,sindicales y gremiales en la gestión municipal. Este proceso todavía está en desarrollo ya que el reglamento ha debido ser modificado en varias ocasiones para poder ir adecuándolo a la decisión del Concejo Comunal de elegir un representante territorial porsector.

Ello en la cuota de representación que la ley contempla para las organizacionesterritoriales en el mencionado Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,que es de un 33%.
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El 06 de octubre de 2011, el mencionado consejo debió haber sido elegido e instalado.

Hasta el día de hoy ello no ha ocurrido.
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Por otra parte, la Ley 20500 es muy clara en señalar la obligación de los municipios en relación a generar un ítem en la cual se ubiquen recursos para el funcionamiento del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En el caso de laadministración del alcalde Eduardo Soto esto no ha ocurrido.

Es decir, cuando se trata dela participación ciudadana no hay preocupación ni recursos, pero para aumentar partidascomo “premios y eventos” si lo hay y como no, si seguramente estos recursos se dedicaránen buena parte al futuro proceso de campaña electoral.

Ahí si los dineros fluyen confacilidad.
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Finalmente, el rechazo a la participación ciudadana en la gestión pública por parte de la actual autoridad municipal queda en evidencia cuando, existiendo la posibilidad de que el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil sea constituido por entre 18 y 24 miembros (el mínimo de integrantes de acuerdo a la ley puede ser del doble del actual Concejo Municipal y el máximo el triple), la autoridad opta por el piso mínimo deintegrantes, ósea 18 miembros.

A diferencia de la falta de entusiasmo y desapego que demuestra la actual administraciónmunicipal por la participación ciudadana, nuestra propuesta de gobierno local considera imprescindible organizar e institucionalizar la inclusión de la ciudadanía en las decisiones de lagestión municipal.  

Es por eso que ya en julio de 2011 realizábamos dos talleres de capacitaciónorientados a dirigentes de juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales y sociales, entreotras cosas para que dichos representantes de la ciudadanía tuviesen claridad respecto a losderechos que esta nueva normativa les entrega y como ella obliga a las autoridades a consultar ala ciudadanía representada en el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas como: el presupuesto anual, el plan de desarrollo comunal y el plano regulador.

Fuimos nosotros los que, en aquellos talleres, propusimos a las organizaciones que buscáramosel mejor sistema de representación tanto de las entidades territoriales como sectoriales. Por ello planteamos, que en el caso de la representación que le corresponde a las juntas de vecinos al Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, era necesario asegurarse que a lomenos un representante de cada uno de los seis territorios llegara a esa mesa. Cabe recordar, que la mencionada división de Rancagua se llevó a cabo el año 1997, con el objeto de descentralizar ya cercar las decisiones a la gente.

Sabemos que todo lo que tenga que ver con inclusión de la ciudadanía en la toma de decisionesmunicipales va a contrapelo del espíritu con el que gobierna la Alianza por Chile y susrepresentantes como el alcalde Soto.

Por ello mantenemos nuestra actitud vigilante y hemosorganizado un nuevo Taller de Capacitación Regional denominado: “Nueva Ley de participaciónciudadana, formación y desafíos para los líderes del siglo XXI”, el cual se realizará los días 13 y 14de enero en la Universidad Técnica Federico Santa María, Campus Rancagua. En esta actividad, que cuenta con la participación de reconocidos líderes ciudadanos comprometidos con el temade la participación como Luis Mariano Rendón (Movimiento Acción Ecológica), José Osorio (Sitiode Yungay) y Rosario Carvajal (Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales), estaremos capacitando, nuevamente y en mayor profundidad, a 50 dirigentes territoriales y funcionales; ello con el objeto de poner en alerta a nuestra comunidad organizada para que puedan exigir suderecho a participar en la gestión pública.

A la ciudadanía le consta que llevo más de 30 años señalando que la única manera de hacer unagestión municipal eficiente, pertinente, legitima y sin corrupción es incorporando e incluyendoa la comunidad desde sus barrios en: diagnósticos, priorizaciones, propuestas de soluciones, implementación, evaluación y control de las políticas municipales y del Estado en general.

La comunidad debe estar atenta para defender el derecho que se ha ganado a participar de las decisiones que se toman en su municipio y en la gestión pública. Nosotros estaremos para apoyar este proceso.