Apuntes para entender la crisis de la educación superior chilena: Financiamiento

El actual modelos de financiamiento de la Educación Superior obedece a la lógica de cnsolidar el modelo económico neoliberal. Resulta funcional a las aspiraciones de lucro y poder de la elite nacional.

Imagen de Mauricio Verón
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24 de Julio, 2011 08:07

En un artículo ya publicado, intentamos dar algunas referencias indispensables para entender la crisis de la educación superior chilena. Ahí dejamos enunciadas algunas áreas donde nos interesaba profundizar. Una de ellas era el Financiamiento de la educación superior. Las preguntas claves al respecto son: ¿debe la sociedad financiar la formación de los profesionales y técnicos necesarios para asegurar el desarrollo posterior?; de ser así, ¿se debe financiar cualquier carrera?, o, desde una opinión distinta, ¿deben ser las familias quienes financien la educación de sus hijos?

Estas preguntas se entroncan con una serie de dudas necesarias de despejar: los derroteros a seguir por nuestro sistema de educación superior, ¿debe obedecer a un proyecto nacional de desarrollo?, o ¿debe regirse exclusivamente por las leyes del mercado?

Hagamos un poco de historia. La Ley General de Universidades (LGU), que empieza a aplicarse en 1981, marcó dos cambios sustantivos en la forma de financiamiento de la educación superior de los chilenos. Las Universidades dejaron de ser financiadas en base a un presupuesto, y se creó un sistema integrado por el llamado Aporte Fiscal Directo (AFD), recursos asignados en base a ciertos indicadores aplicados a la gestión de esa Universidad y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), suerte de “marraqueta” que traen consigo los alumnos que alcanza mejores puntajes en la PAA o PSU y que se matriculan en esa Universidad. Esta reforma, que en la época se explicó desde el punto de vista del neoliberalismo de Chicago, empujó el carro de romper con la influencia – cultural, social y política – que mantenían las Universidades de Chile (UCH) y Técnica del Estado (ex UTE hoy USACH), abriendo espacio para que otros actores culturales y políticos ingresaran a la “cancha” de formar las futuras generaciones dirigentes del país. Hay un conjunto de antecedentes históricos que sostienen esta afirmación, pero se puede distinguir un mínimo común denominador: ninguna dictadura es eterna y la consolidación del modelo de Chicago requiere de convencer y alinear a quienes, en el futuro tomarán las decisiones e influenciarán al resto de la sociedad, sea desde el Gobierno, la empresa, la conducción de los gremios o la formación de futuras generaciones.

El segundo cambio implica que se pone fin al modelo del Arancel Diferenciado – que permitía a cada cual a aportar en el financiamiento de los estudios de un hijo/a en función de los ingresos familiares –, para pasar a un modelo donde cada familia participa – con iguales cargos – en el financiamiento de la educación de sus hijos/as. Para quienes no poseen los recursos necesarios y suficientes se abren “líneas de crédito”. La primera de ellas es al Crédito Fiscal Universitario (CFU).

El CFU demostró, a contar de mediados de los años 80, cuando se titulan los primeros “beneficiarios” que posee serios problemas de cobro – se expresa en una alta morosidad -. Parte sustantiva de la misma no es producto de la “viveza del chileno” - de querer eludir de forma premeditada sus deudas - sino, está vinculada a las bajas remuneraciones de los jóvenes profesionales. Un porcentaje mayor de esta primera generación de deudores de crédito fiscal son profesores que ingresan a trabajar en los “albores del capitalismo extremo en educación”. Vale la pena mencionar que en paralelo a la LGU, la dictadura lanza otra reforma educacional, donde traspasa la educación básica y media a los municipios, a la vez que permite el nacimiento de esta figura híbrida que son los Particulares Subvencionados. Parte sustantiva de la capitalización de estos establecimientos particulares subvencionados - que comienzan a funcionar con un bajísimo capital inicial -, se realiza a expensas de los bajos salarios cancelados a los docentes.

Pero volviendo al tema del financiamiento a la Educación Superior, a principios de los 90, los estudiantes viven una  primera gran crisis. Esta no es considerada por el Gobierno de Aylwin, que no se ocupa – en forma proactiva - del tema del financiamiento universitario, ni del sentido político-ideológico implícito en la creación de las nuevas Universidades Privadas cuyos dueños buscan, a mi juicio, no sólo el lucro, sino consolidar su influencia de elite. Tampoco lo entienden los líderes del movimiento estudiantil, quienes levantan como demanda y consigna “más crédito” en vez de pedir una nueva forma de financiamiento.

La práctica política y legislativa del período post – Pinochet, se centró en fórmulas que se centraron en “enchular” el negocio. El paso del tiempo fue “enredando” las relaciones de la elite que, con independencia de su militancia, compartieron sillones en directorios o, en este caso, decanatos en las nuevas Universidades. También generó educativas expectativas en las familias, a quienes se le ofrecen alternativas de crédito para financiar y para quienes las Universidades planifican todo un menú de ofertas con carreras y sedes, muchas de ellas de dudosa calidad y bajas expectativas laborales.

A mi juicio las autoridades políticas de la Concertación hicieron las peores opciones en materia de Educación Superior. No construir un proyecto nacional de desarrollo educativo – que incluyera el financiamiento público en la formación del capital humano de elite – y sofisticar los mecanismos del mercado aplicados a la educación superior. El problema a enfrentar es mayúsculo y, la siempre porfiada realidad, nos da señales que a la sociedad no le satisfacen ni las bonitas declaraciones ni los rimbombantes acuerdos.  

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