El Servicio de Evaluación Ambiental decidió acoger a tramitación el recurso de reclamo en contra del Proyecto de Disposición de Residuos Arsenicales de El Teniente, interpuesto el 17 de julio pasado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Alto Cachapoal - de la comuna de Machalí- junto al parlamentario por O´Higgins y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro.
 
En ese mismo sentido, la resolución número 1031 emanada este 28 de agosto, indica notificar a la cuprífera para que “dentro del plazo de diez días hábiles, presente los antecedentes que considere procedentes al tenor del recurso de reclamación admitido a trámite”.
 
Para el parlamentario por O´Higgins y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, esta resolución implica “un primer paso fundamental”, detallando que “el que se haya acogido a tramitación significa el Consejo de Ministros tendrá que evaluar todos los argumentos y el mérito que hemos planteado junto a los vecinos”.
 
Guión seguido, Castro detalló que, de esta manera se iniciará “un estudio frente a la severa contaminación por arsénico” y cómo afectaría a los vecinos de la zona precordillerana, “para que definitivamente, si se construye una planta de tratamiento de arsénico, sea con todas las salvaguarda que corresponde a un proyecto de esta naturaleza, que impida y evite la contaminación por arsénico del aire o del agua, que son los riesgos que han vivido históricamente los vecinos de la localidad de Coya”.
 
Por su parte Andrés Letelier, miembro del Consejo del Medio Ambiente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Alto Cachapoal, fue categórico al señalar que “el tema de contaminación es grave. Aquí han salido altos índices de arsénico en el agua potable y eso la comunidad lo ignora”, esto “hay que frenarlo de alguna manera”.
 
En ese sentido, para el representante de los vecinos de la precordillera, la resolución del ente ambiental constituye una buena señal, toda vez que “se están tomando en cuenta las inquietudes de la comunidad” y al mismo tiempo la institución ambiental estaría reconociendo, implícitamente, la existencia de argumentos suficientes que eventualmente permitan “revertir estas situaciones o talvez dar más claridad con respecto a estos proyectos que revisten un peligro para las comunidades”.