Para hoy estaba programada la formalización de cargos en contra del empresario Francisco Javier Errázuriz por 13 delitos de tráfico de inmigrantes adultos y dos casos de menores de edad.

También se le iba a formalizar por nueve delitos de trata de personas para la explotación laboral en casos de adultos y dos por menores de edad. Sin embargo, la acusación no se llevó a cabo debido a que el ex candidato presidencial no llegó a la audiencia en el tribunal de garantía de Pichilemu.

Los abogados de Fra- Fra presentaron una licencia médica acreditando que su cliente fue internado  en la Clínica de la Universidad Católica, haciéndole imposible presentarse para la notificación de los cargos por trata de personas en su contra.

Cabe recordar, que el Ministerio Público iba a pedir la prisión preventiva del empresario luego que se descubriera que mantuvo a casi un centenar de ciudadanos paraguayos indocumentados trabajando en precarias condiciones en sus fundos de la Región.

De esta manera, el Tribunal de Garantía de Pichilemu fijó para el próximo 14 de noviembre una nueva audiencia.

Sin embargo, los otros dos imputados en la causa, el paraguayo Blas Cardoso y la jefa de RRHH del Grupo Errázuriz, María Paz Guerra, sí enfrentaron el trámite legal, dirigido por el Fiscal Regional de O'Higgins, Luis Toledo.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una escucha telefónica donde María Paz Guerra, ordena ocultar a una menor paraguaya de las diligencias de la PDI. Además se presentaron planillas de pago a trabajadores que recibían alrederor de 40 mil pesos por 2 meses de trabajo, ya que se descontaban por visa, ropa y alimentación. Con esto la firma les hacía un préstamo de dinero, en las condiciones que la empresa establecía.

Los dos imputados formalizados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional, y prohibición de acercarse a las víctimas y a los terrenos de Errázuriz.

La defensa presentó un exhorto para trasladar la causa a Santiago, al menos en lo que respecta a Errázuriz, cuestionando la competencia del Tribunal de Pichilemu. Sin embargo, no se accedió a la petición. En lo relativo a los otros imputados, Cardoso y Guerra, se informó que se hará la misma solicitud, pero más adelante.

La indagatoria iniciada por el Ministerio Público, ya suma 5 meses de investigación, respecto a la denuncia presentada por ciudadanos paraguayos, quienes acusaron a Errázuriz de mantenerlos sometidos a precarias condiciones de salubridad, extenuantes jornadas de trabajo, e incluso, en algunos casos, sin el pago de sus salarios.

Del total de paraguayos, 52 regresaron a su país el 1 de junio a través de la gestión de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional.