Formalizan por estafa a dos mujeres que se hacían pasar por jueza y abogada

Formalizan por estafa a dos mujeres que se hacían pasar por jueza y abogada

30 Septiembre 2011

Las imputadas ejercían hace más de un año en una conocida oficina, ubicada en el centro de Rancagua. En ese lugar habrían estafado a numerosas personas por trámites judiciales que jamás se realizaron.

Equipo El Rancahuaso >
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Por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público y ejercicio ilegal de la profesión fueron formalizadas dos mujeres que fingían ser jueza y abogada. R.A.Q.P, de 28 años y N.E.S.C, de 38 años operaban en una oficina, ubicada en un conocido edificio de abogados en  el centro de Rancagua.

Las imputadas se hacían pasar por profesionales y habrían logrado engañar - por casi un año-, a varias personas que contrataron sus servicios, obteniendo a cambio importantes sumas de dinero.

La denuncia fue realizada por las propias personas afectadas quienes se percataron que los trámites judiciales jamás se realizaron.

El fiscal del caso, Carlos Fuentes, explicó la forma de operar de estas falsas profesionales, quienes se ganaban la confianza de sus clientes para luego cometer los ilícitos con documentos que simulaban ser del poder judicial.

Cabe destacar, que una de las detenidas ya registraba una condena por el delito de estafa, ya que hace un año habría engañado a su pareja diciendo que su madre había fallecido y necesitaba un millón de pesos.

En noviembre del año pasado, la misma acusada simuló haber muerto y con la ayuda de su cómplice, solicitaron más de un millón y medio de pesos nuevamente a la pareja de la mayor de las imputadas para los servicios funerarios correspondientes. Para probar ello, y tras el supuesto funeral, enviaron a la víctima de entonces 62 años, una ánfora con cenizas, que finalmente resultó ser falsa, hecho que se comprobó cuando la pareja se encontró con ella, mientras ésta paseaba por el centro de Rancagua.

R.A.Q.P quedó bajo arresto domiciliario y N.E.S.C en libertad, pero con la prohibición de acercarse a sus víctimas. El Tribunal de Garantía decretó un plazo de investigación de 60 días.

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