La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, inició una investigación para determinar las eventuales responsabilidades, tras la interrupción del suministro eléctrico que afectó a 91.503 hogares equivalentes, aproximadamente, a más de 274 mil personas, en diversas comunas de la Región de O’Higgins.

De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, la falla se produjo por un incendio que afectó a un transformador, propiedad de CGE, que estaba ubicado al interior de la Subestación Rancagua, perteneciente a la empresa TRANSELEC. Al lugar, debió concurrir Bomberos para controlar la emergencia y permitir el comienzo de las maniobras de recuperación del servicio.

Personal de la Dirección Regional O’Higgins de la SEC concurrió al sitio para recabar los primeros antecedentes. Al respecto, el Superintendente de la SEC, Luis Ávila, sostuvo que “una vez en el lugar, nuestros fiscalizadores comenzaron las labores de monitoreo para que el servicio fuera repuesto a la brevedad, entendiendo el malestar que estar sin energía provocó entre los vecinos afectados. Luego de ello, comenzamos a solicitar los primeros antecedentes a las empresas involucradas para verificar si es que existen incumplimientos normativos”.

REFORZAR SEGURIDAD

La falla en el sistema se habría originado aproximadamente a las 20:18 horas, de ayer martes, afectando a las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros, San Francisco de Mostazal y Codegua, siendo recuperado el servicio en su totalidad a las 22:21 horas. Se espera que durante este miércoles se lleven a cabo trabajos en la Subestación para reparar los daños provocados por el incendio, y se reiteró desde la SEC, a las empresas que operan en la zona, que deben adoptar todas las medidas posibles para evitar nuevas fallas y así mantener la continuidad del suministro.

Desde el organismo fiscalizador hicieron, además, un llamado a las empresas eléctricas del país, a revisar y reforzar los planes de seguridad de sus instalaciones para evitar incidentes como el vivido ayer en la Región de O’Higgins, junto con señalar que una vez concluida la investigación, se establecerá la posibilidad de eventuales multas para la empresas responsables, las que podrían llegar hasta las 10.000 UTA (Unidades Tributarias Anuales).