Ciudades como Quito, La Habana, Buenos Aires y algunos barrios históricos de Santiago de Chile han realizado, desde los Municipios, una política de conservación del patrimonio arquitectónico de sus ciudades.
El Estado central, las cámaras de turismo y comercio, los gremios de la construcción y corretaje de propiedades, los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, la empresa privada, centros universitarios (escuelas de arquitectura y urbanismo), gobiernos regionales y los representantes de los ministerios relacionados en la materia (en el caso de Chile Minvu, Mop, Bienes Nacionales, Consejo de la Cultura y de Monumentos Nacionales),ONG , municipio, comunidad política y socialmente organizada, etc., todos los actores urbanos de la ciudad se deberían colocar participativa y transparentemente a trabajar para agregar valor cultural a su patrimonio arquitectónico y urbano.
Otros países obtuvieron créditos BID y abrieron oficinas municipales del patrimonio, el Estado realizó una política de entrega de subsidios para la conservación y, los órganos públicos y privados entendieron que colocar en valor su riqueza cultural y patrimonial era un buen negocio. Se repoblaron los centros históricos con vivienda social y se resolvió el problema del descontrol social y de la seguridad ciudadana -en parte -del casco histórico.
En Chile, aún no existe una desafectación de pago de contribuciones para la antiguas familias de clase media que aún viven en los centros históricos, no existen subsidios del Minvu, serios para incentivar el repoblamiento y la conservación de las viviendas existentes patrimoniales, menos aún para los edificios declarados Monumentos Nacionales.
En consecuencia, la "no política de conservación del patrimonio” conduce a las ciudades a que olviden su memoria y pierdan valor cultural, por ende, valor económico, sentido histórico y la atracción de turismo.
En el caso de Rancagua vemos el mismo fenómeno, un deterioro permanente del escaso patrimonio arquitectónico (a excepción de las intervenciones Minvu-MOP) público y privado. La inexistencia de una política municipal al respecto y, una nula mesa intersectorial activa del gobierno regional, que es urgente crear por el bien de la Región de O’Higgins.