El terremoto y el Poder Judicial:¿Y el plan de contingencia en Rancagua?

Hemos sido víctimas de uno de los eventos naturales más terribles que el ser humano puede experimentar en su existencia sobre el planeta, un terremoto. Uno de los terremotos más fuertes registrados en el mundo y que ha afectado a un gran espacio del territorio chileno provocando lo que ya todos hemos visto, destrucción, desamparo, saqueos, etc. Pasados los días desde ese momento tan terrible que nos ha tocado vivir como país, hoy estamos enfrentando las consecuencias del movimiento telúrico, es decir, el estrés psicológico, las preocupaciones familiares, la reconstrucción y los conflictos con otras personas. En este último tema, el de los conflictos, necesitamos por parte del Estado una preparación y alistamiento que permita solucionarlos de una manera rápida, pacífica, racional y justa. Las familias damnificadas y víctimas de las malas construcciones, los robos, los saqueos, lo requieren urgentemente.
Pero en nuestra región, pareciera ser que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial se quedaron helados ante la magnitud de los eventos vistos hasta el día de hoy, porque si de algo han reclamado los vecinos y ciudadanos de Rancagua y el resto de la región, es asesoría jurídica para solucionar todos los conflictos derivados de esta catástrofe natural. Los municipios no dan abasto y por parte del Ministerio de Justicia y más exactamente, de nuestra SEREMI de justicia, no existe un plan de contingencia ante las circunstancias. Si bien muchos pensarán que la justicia no tiene cabida ante una catástrofe de la magnitud que estamos viviendo, eso no puede estar más lejos de la realidad de una país que está (o estaba) ad portas del desarrollo. Debido a los altos estándares de calidad de las construcciones, a nuestro creciente poder económico, a nuestro autoreconocimiento como ciudadanos-consumidores y a la mayor fiscalización que permiten una democracia consolidada y medios de comunicación masificados y al alcance de todos, cualquier detalle, por grande o pequeño que sea, que hubiese evitado daños y conflictos a raíz del terremoto, no pueden pasar por alto.

Pero vemos que los procesos y nuestros jueces están paralizados, no se ha extendido el feriado judicial y los plazos para ciertos procesos siguen andando. Siguen andando con tribunales sumamente dañados que no permiten un buen servicio a la comunidad. El edificio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua se ha descuadrado completamente, sus paredes interiores y su costado derecho están con daños y, sin embargo, sigue funcionando poniendo en riesgo a sus funcionarios y visitantes. Todo eso después de trabajos de remodelación que se llevaron a cabo hace poco tiempo. El edificio donde se encuentran los tribunales de Familia, más exactamente, su sala 6, está en el suelo, lo que desestabilizó la estructura completa. Ese edificio está inhabitable y las causas de familia se han suspendido con algunas excepciones que se están viendo en el nuevo edificio de los tribunales laborales. Cabe recordar que el edificio de los tribunales de Familia fue adquirido hace pocos años y fue sometido a una extensiva remodelación. Con respecto al edificio de los tribunales Laborales del nuevo sistema, éste ha resistido muy bien. El edificio de los tribunales laborales del antiguo sistema ha perdido sus escaleras y el segundo piso está inhabitable.
Finalmente, el edificio de los tribunales civiles de Rancagua (el edificio más nuevo de todos) tiene su último piso inhabilitado, su techo se tuvo que destruir ante el peligro de derrumbe y su estructura está endeble. Fuera de Rancagua, los juzgados de la región presentan múltiples daños, siendo los ubicados en Santa Cruz, Peralillo y Pichilemu los más afectados.
Los problemas habitacionales relacionados con los municipios, los seguros, los créditos hipotecarios, la ley general de urbanismo y construcciones, la ley de calidad de la vivienda y otros, hacen necesaria la asesoría jurídica sobre todo para aquellos que se encuentran más vulnerables. Grupos de estudiantes de derecho, abogados independientes y de los municipios hacen todo lo posible por prestar servicios a las comunidades afectadas. Debemos recordar, sobretodo en estos momentos, que el derecho a asesoría legal es un derecho fundamental asegurado a todas las personas por nuestra Constitución y, cuando más se necesita de este derecho, la Corporación de Asistencia Judicial de Rancagua se encuentra cerrada, debido a que su lugar de funcionamiento, una casona de adobe, presenta graves daños. La situación no debe ser diferente en el resto de la región. Escuchando la radio, lo que más desespera a los vecinos afectados es no tener claridad frente a los derechos y detalles legales que deben saber para enfrentar las situaciones que los afectan y cuando más lo necesitan, el gobierno se repliega escondiendo la cabeza tal cual avestruz asustada. Si no hay edificio de la Corporación, por lo menos se debería habilitar otro edificio para prestar la ayuda necesaria.
La única declaración que hemos podido escuchar de nuestra SEREMI de Justicia, Perla Uribe, es que la estructura de la justicia regional ha sufrido “daños menores”. Esto es una nueva arista que demuestra la lentitud y la descoordinación que los miembros de la Concertación han demostrado durante el post-terremoto. Es de esperar que el nuevo gobierno regional, a la cabeza de Rodrigo Pérez Mackenna, tenga en mente las soluciones multisectoriales necesarias para levantar a la alicaída región de O’Higgins.