INTA detecta maíces transgénicos en campos no autorizados de la Región
La presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) pone en riesgo las exportaciones en agricultura orgánica y semillas convencionales de numerosas empresas. Cuatro predios de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo estarían afectados.
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23 de Octubre, 2008 08:10
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El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), dependiente de la Universidad de Chile, determinó pro primera vez que maíces transgénicos provenientes de semilleros han contaminado genéticamente siembras de maíz convencional en Chile. Así estableció el muestreo realizado a comienzos de año en la Región de O’Higgins, donde se identificó 4 predios afectados en las comunas de Placilla, Santa Cruz y Chimbarongo. El estudio analizó muestras provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), de los cuales 4 salieron positivos para contaminación transgénica.
“Este estudio demuestra por primera vez en el campo, que sí existe contaminación transgénica de cultivos en Chile. Esta situación es de extrema gravedad, ya que estos maíces contaminados son ilegales, pues no están aprobados para consumo humano ni están autorizados por el SAG para uso como semilla”, declaró María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables.
A nivel mundial, en 2007 se registraron 216 casos en 57 países de contaminación con transgénicos, lo que a juicio de los ambientalistas significa que estas ocurrencias son frecuentes y no casos puntuales y aislados. En tal sentido, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, exigió a las autoridades “revaluar la política de transgénicos, puesto que es clara la dificultad de controlar la contaminación y segregación de los cultivos”.
Las ecologistas pidieron que el Ministerio de Agricultura realice estudios independientes para evaluar la extensión de la contaminación de los cultivos y semillas en el país, además de implementar medidas de control de la contaminación existente, la ratificación del Protocolo de Bioseguridad y una ley que prohíba estos cultivos en el país por ser en su opinión peligrosos para el ambiente y la salud humana.
El estudio del INTA fue encargado por las dos organizaciones mencionadas, a un costo de 2 millones 400 mil pesos, lo que a juicio de los ambientalistas demuestra la imposibilidad para los agricultores de detectar en el campo si sus cultivos están contaminados. “Esta situación pone en riesgo las exportaciones en agricultura orgánica y semillas convencionales, que numerosas empresas tienen en la Región de O’Higgins”, aseveró Manzur.
En 2007, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó cerca de 25.000 hectáreas de OGM en territorio nacional, la mayor parte maíz. En paralelo, el Parlamento discute actualmente un proyecto de ley –patrocinado por los senadores Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (Chile Primero), Andrés Allamand (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI)- que apoya la expansión de estos cultivos transgénicos y no considera su etiquetado.
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“Este estudio demuestra por primera vez en el campo, que sí existe contaminación transgénica de cultivos en Chile. Esta situación es de extrema gravedad, ya que estos maíces contaminados son ilegales, pues no están aprobados para consumo humano ni están autorizados por el SAG para uso como semilla”, declaró María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables.
A nivel mundial, en 2007 se registraron 216 casos en 57 países de contaminación con transgénicos, lo que a juicio de los ambientalistas significa que estas ocurrencias son frecuentes y no casos puntuales y aislados. En tal sentido, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, exigió a las autoridades “revaluar la política de transgénicos, puesto que es clara la dificultad de controlar la contaminación y segregación de los cultivos”.
Las ecologistas pidieron que el Ministerio de Agricultura realice estudios independientes para evaluar la extensión de la contaminación de los cultivos y semillas en el país, además de implementar medidas de control de la contaminación existente, la ratificación del Protocolo de Bioseguridad y una ley que prohíba estos cultivos en el país por ser en su opinión peligrosos para el ambiente y la salud humana.
El estudio del INTA fue encargado por las dos organizaciones mencionadas, a un costo de 2 millones 400 mil pesos, lo que a juicio de los ambientalistas demuestra la imposibilidad para los agricultores de detectar en el campo si sus cultivos están contaminados. “Esta situación pone en riesgo las exportaciones en agricultura orgánica y semillas convencionales, que numerosas empresas tienen en la Región de O’Higgins”, aseveró Manzur.
En 2007, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó cerca de 25.000 hectáreas de OGM en territorio nacional, la mayor parte maíz. En paralelo, el Parlamento discute actualmente un proyecto de ley –patrocinado por los senadores Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (Chile Primero), Andrés Allamand (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI)- que apoya la expansión de estos cultivos transgénicos y no considera su etiquetado.
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