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15-09-2008
El incremento de la violencia social y política en Bolivia ha llegado a preocupar a los gobiernos sudamericanos hasta el punto que la Presidenta Bachelet reunió a los líderes de UNASUR, como forma de buscar vías de resolución al conflicto.
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Escrito por Manuel Luis Rodríguez
VARIOS CONFLICTOS EN UNO
El Gobierno del Presidente Evo Morales -respaldado por una poderosa legitimidad democrática, incluso ratificada en el reciente referendum revocatorio con un 67%- aparece hoy rodeado de una suma acumulativa de conflictos políticos e institucionales combinados.
Por una parte, el conflicto entre el gobierno central y algunas regiones autonómicas que demandan mayores atribuciones y recursos incluso a nivel de impuestos, y que se han declarado en abierta rebeldía frente al Gobierno central, pero también con una lucha de clases que se hace cada vez más abierta y con medios de acción crecientemente violentos.
Además, se cruza el conflicto con la mayor o menos intervención de Estados Unidos en los asuntos internos bolivianos, con el propósito más o menos encubierto de agudizar la crisis interna y provocar el colapso del gobierno indigenista e izquierdista de Evo Morales.
Los niveles de violencia social y política atraviesan los tradicionales clivajes bolivianos entre población blanca y población indígena, y alcanzan a los puntos de referencia de derecha e izquierda enfrentados ante la gestión de Evo Morales, en un contexto en el que los espacios de negociación política entre el Gobierno central, los actores políticos y las regiones autonómicas más rebeldes, pudieran estarse reduciendo dramáticamente.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas, aunque formalmente obedientes al Estado de Derecho y al gobierno constitucional, pudieran estar ganando una presencia cada vez más visible en el escenario político, incluso por su participación en el control de las regiones rebeldes al gobierno central.
LA DIMENSION SUDAMERICANA DEL CONFLICTO BOLIVIANO
¿Es posible que la solución al conflicto interno de Bolivia venga desde el exterior?
El Gobierno de Evo Morales mantiene todavía el control sobre las riendas esenciales del poder ejecutivo en Bolivia, por lo que cualquier forma de mediación internacional podría ser percibido como una manifestación de debilidad de su gobierno.
La decisión de los presidentes sudamericanos sólo puede tener sentido y significado, en la medida en que adopten decisiones relativas a la preservación del régimen democrático en Bolivia, a la mantención de las reglas del juego democrático y sobre todo a la adhesión y respaldo que los demás gobiernos democráticos de la región otorguen a la estabilidad del gobierno democrático de Bolivia.
¿Cuáles son los alcances y los límites de la defensa del régimen democrático en Bolivia, desde el punto de los demás países y pueblos sudamericanos?
Los gobiernos democráticos de UNASUR además estarán interesados en que las “esquirlas” del conflicto boliviano, no salpiquen hacia el resto de la región sudamericana, considerando que Bolivia es el único país que tiene fronteras con la mayoría de las naciones de esta parte del continente.
¿Pueden intervenir efectiva y eficazmente los gobiernos de América del Sur en el conflicto boliviano, sin traspasar los límites de la no-ingerencia en los asuntos internos de un Estado soberano? ¿Qué voces se alzarán en la reunión cumbre de UNASUR para condenar las distintas formas abiertas y subrepticias de intervención del gobierno de Estados Unidos en el conflicto boliviano?
Basta observar el mapa de América del Sur para percibir una realidad geopolítica de la mayor importancia para la continuidad del gobierno de Evo Morales: Bolivia está rodeada de países con gobiernos amigos, por lo que el concepto de cerco político o ideológico pierde todo sentido. La inestabilidad sismico-social de la actual Bolivia, podría convertirse en un estallido que lleve sus ondas de repercusiones a sus países vecinos, incluso en la forma de refugiados que huyen desde las guerras y las zonas de conflicto.
Por otra parte, la posibilidad de una mediación de algunos gobiernos sudamericanos, que ha sido evocada recientemente por distintos actores, implica la posibilidad que intervengan los “buenos oficios” de aquellos gobiernos de la región que sean reconocidos como “actores mediadores válidos” por todos los actores políticos y territoriales boliviano, caso en el que no se encuentra el gobierno de Chile. En términos de realismo político, fuerza es de constatar que no será Chile un mediador reconocido por todas las partes en conflicto en Bolivia, dados los diferendos pendientes entre ambos países.
En el delicado equilibrio inestable que vive hoy el sistema político boliviano tensionado por los profundos cambios políticos (nueva Constitución y estatutos de autonomía de las regiones) y económicos (nacionalización de los hidrocarburos y reforma agraria) en curso, la solución a los distintos diferendos provendrá, entre otros factores, de la capacidad del gobierno y de las autoridades regionales de alcanzar niveles de diálogo y acuerdo sustentables en los territorios locales y en toda la nación, de la mantención del nivel actual de obediencia de las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional y al Estado de Derecho, y de la disposición de los actores políticos a disminuir la violencia política y social.
Si uno de estos tres factores no funciona, el polvorín boliviano podría estallar.
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