¿Garantiza la justicia militar un juicio justo? O ¿deben recuperar la tuición de todos los juicios los tribunales civiles?
Ante el crimen de un joven universitario mapuche lo mínimo que debió designarse un ministro en visita. Sin embargo, la administración de las leyes de seguridad pública de parte del subsecretario del interior Felipe Harboe y esa actitud de “juzgar los hechos” sin conocer el fondo, nos recuerda a Sergio Onofre Jarpa en plena dictadura.
El “trato directo hacia el que protesta” es calificarlo de “extremista” o terrorista, que no tiene una razón política y un derecho social que reclamar, así como que le “gustara andar hueviando” al sujeto social que reclama sus “justos derechos históricos”, y en éste caso con resultado de muerte. A continuación la declaración pública en relación a la muerte del estudiante Matías Catrileo, de parte de una agrupación chilena que luchó sin miedo -y dando la vida- por encontrar hasta el día de hoy ,justicia contra el crimen político organizado y la represión institucional de las fuerzas armadas bajo la dictadura de Pinochet. Declaración que comparto plenamente.
Declaración Pública por el asesinato de Matías Catrileo
Ante el asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos declara ante la opinión pública:
1. Recuperar la democracia, costó la vida de miles de chilenos, que con valentía, decisión y verdadera convicción libertaria y democrática, no dudaron en oponerse a la dictadura para lograr que otros pudieran vivir en un autentico Estado de Derecho, en paz, libertad y respeto por el ser humano.
2. Sin embargo, ese sacrificio, que hasta incomoda reconocer, finalmente dio frutos demasiado pobres, en comparación con el sacrificio, la tortura y la muerte de tantos. El resultado es un parlamento que ante un asesinato guarda sepulcral silencio. Un Gobierno que habla de respetar el Estado de Derecho cuando no se respetó el único bien irreproducible e irrecuperable, la vida. Partidos políticos en crisis de mutismo o justificación. Una Presidenta que ante este crimen permanece ausente.
3. Las responsabilidades son políticas y alguien debe asumirlas. No hay un país civilizado donde en dos años de gobierno se haya asesinado a dos personas, en medio de legítimas protestas sociales y reivindicativas, sin que la autoridad política responda. Esto pasa sólo en este país, precisamente donde la pérdida de una vida no puede dejar indiferente a nadie y donde se debe tener la responsabilidad de responder.
4. Si para el Estado los fardos de paja quemados, de un latifundista privado, valen más que la vida de un joven estudiante, quiere decir que nos equivocamos y que los rumbos de la alta política están profundamente dañados y reñidos con una ética básica de respeto por el ser humano.
5. Con los antecedentes que existen, la Presidenta de la República, por respeto a su padre, ya debió haber pedido las renuncias correspondientes al Ministro del Interior subrogante y al oficial que ordenó disparar con subametralladoras, para resguardar los fardos de paja.
6. El pueblo mapuche, del que todos somos descendientes, tiene derechos que en 17 años y 4 gobiernos concertacionistas no han sido escuchados para avanzar en forma seria y responsable en la resolución de un conflicto que nos divide como chilenos y que tiene su origen en las diversas usurpaciones de tierras ancestrales y primigeniamente mapuches.
7. Un disparo artero y asesino, no puede quedar impune judicialmente, pero tampoco moralmente. En coherencia con un mínimo de dignidad exigimos que Chile retire su postulación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la Presidenta pida las renuncias que corresponden y que sea la justicia civil, la encargada de investigar y sancionar con todo el rigor de la ley este nuevo crimen.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS