Presidenta Bachelet:¿Por qué se admiten proyectos en contra del interés medioambiental?

La siguiente es la carta enviada este lunes por los parlamentarios de la bancada verde dirigida a la Presidenta Bachelet. Los integrantes manifiestan su preocupación, frente a la utilización de terrenos de Reservas nacionales y parques para realizar centrales energéticas e intervenciones mineras. Como sabemos, en Cipreses Pacifyc Hydro instalará una Central Hidroeléctrica de pasada en el seno de la reserva nacional. Además, en la I región también sucederá algo similar con la intervención minera de la reserva mundial de la Biosfera Las Vicuñas. Aquí les dejamos la carta enviada por los parlamentarios...
Excelentísima
Sra. Michele Bachelet
Presidente de la República
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Su Excelencia con el fin de manifestar nuestra más profunda preocupación por lo que consideramos una peligrosa y perniciosa política de desmantelamiento de nuestro sistema de áreas silvestres protegidas llevada a cabo y ejecutada por diversas autoridades y funcionarios de gobierno.
Como se ha conocido públicamente la COREMA de la I Región, de un modo completamente ilegal, ha procedido a autorizar la intervención minera de la Reserva Nacional y Reserva Mundial de la Biosfera Las Vicuñas, ubicada en el altiplano de nuestra Región de Arica para la empresa Vilacollo del Grupo Angellini Paralelamente se ha conocido la intención de presentar diversos proyectos mineros en ésta y otras zonas de alto valor ambiental y ecosistémico del norte de nuestro país y se encuentra en trámite una posible intervención de la Reserva Nacional Río Los Cipreses por parte de un proyecto de Central Hidroeléctrica de la empresa australiana Pacific Hydro, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
Esta situación se enmarca en un conjunto de acciones y decisiones adoptadas en el último tiempo por la autoridad ambiental, en perjuicio del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas de nuestro país (SNASPE), como es el caso de los intentos históricos por intervenir los acuíferos subterráneos del Parque Nacional Lauca; o las amenazas a la Reserva Nacional Los Flamencos, ubicada en el altiplano de la II Región de Antofagasta por parte de proyectos de explotación minera por casi 14 años, la última de las cuales se produjo el 2004 por la Compañía Minera PAO con el objeto de efectuar explotación de sulfato de sodio en el llamado “Salar de Pujsa”, uno de los sectores de la Reserva, luego de que la Comisión Regional del Medio Ambiente de Antofagasta le otorgara su aprobación ambiental, acto que fue afortunadamente enmendado por el Supremo Gobierno; o los intentos del MINSEGPRES por ceder gratuitamente parte del Parque Nacional La Campana, o las acciones por intervenir el Parque Nacional Volcán Isluga por parte de trasnacionales mineras y las acciones ejecutadas por CELCO al interior del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter, en el río Cruces, Valdivia, todas las cuales configuran un escenario particularmente grave de atentados al patrimonio natural que Chile había resuelto preservar.
Estas acciones de la autoridad constituyen desde todo punto de vista un acto que vulnera los principios y valores éticos fundamentales que abrazó la coalición gobernante en materia ambiental y de desarrollo sustentable, infringe el deber constitucional que tiene el Estado de velar por la preservación de la naturaleza consagrado en el art. 19 N°8 y viola los tratados y compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno en materia de conservación ambiental.
Su Excelencia bien sabe que en Chile contamos con lo que se llama el SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO, administrado por CONAF que comprende, entre otras, a las RESERVAS NACIONALES destinadas a la conservación y utilización sostenible de sus recursos naturales.
Estos lugares son reductos de preservación de la naturaleza en particular de su flora y fauna, y sólo permiten un restringido aprovechamiento de sus recursos en la medida en que la ley así lo autorice y se encuentre contemplado por su Plan de Manejo y los fines y objetivos que se tuvieron en cuenta en su creación, circunstancias que bajo ningún punto de vista concurren en la aprobación que se ha otorgado.
Además las Reservas Nacionales se encuentran protegidas por tratados internacionales como La Convención para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América (D.S. 531) de 23/8/67, más conocida como Convención de Washington, La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (D.S. 259) de 27/3/80, y la Convención sobre Diversidad Biológica (D. S. 1963) de 6/5/95, todas Ley de la República en nuestro país.
En el plano interno su Excelencia debe considerar de manera especial que la Ley de Bosques establece que Las reservas nacionales existentes en la actualidad y los que se establezcan de acuerdo con esta ley, no podrán ser destinados a otro objeto sino en virtud de una ley, materia, entre otras, que es recogida y desarrollada por una dispersa legislación ambiental, que ha sido además reconocida por la Jurisprudencia de nuestros Tribunales y por la Contraloría General de la República.
Este precepto legal, se encuentra por lo demás plenamente refrendado en el plano internacional por la Convención de Washington que prescribe que éstas áreas son “regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.”
Los fines para los que han sido creadas las Reservas definidos en su Plan de Manejo son exclusivamente la conservación ambiental y de su flora y fauna. Si el Estado quiere hacer otra cosa en ellas, inclusive con estudio de impacto ambiental (EIA), debe proceder, conforme a derecho, a desafectar el área, mediante una Ley de la República.
Pues bien, no puede la autoridad ambiental regional COREMA autorizar un proyecto minero ni hidroeléctrico dentro de una Reserva Nacional cuando el mandato constitucional y legal se lo prohíbe.
Lamentablemente y por razones que desconocemos, la Intendencia Regional, así como miembros de las COREMAS y la propia Ministra de Medio Ambiente han avalado y justificado la admisibilidad de estos proyectos incluso en Reservas de la Biosfera, como es el caso, poniéndose del lado de la empresa privada en lugar de defender el interés ambiental de la Nación, lo que ha generado el repudio y preocupación de la comunidad nacional como ha sido conocido y difundido por los medios de comunicación regional y nacional. En efecto, nos parece lamentable que la Intendenta de la Región de Arica haya tomado partido, de modo general, por la intervención minera en áreas protegidas como lo ha manifestado públicamente y que la Ministra de Medio Ambiente en quien se ha confiado en rol de defender el interés ambiental al interior del gabinete presidencial explique y justifique por la prensa la aprobación de un proyecto minero mediante simple declaración jurada señalando que en lo sucesivo ello se enmendará mediante reformas a la legislación.
Al respecto nos gustaría saber si esta visión y criterio de la autoridad corresponde a una nueva doctrina gubernamental sobre nuestro sistema de áreas protegidas y s ello es compartido por el Supremo Gobierno como política pública del Estado.
Frente a esta situación de amenaza y atentado ambiental recurrimos ante Ud. para que proceda a prevenir y enmendar lo obrado por sus subalternos reponiendo la acción que le corresponde ejecutar al Gobierno en esta materia como garante de los tratados internacionales, la Constitución y las leyes.
Quedamos a disposición de su Excelencia con el objeto de aportar en detalle los antecedentes técnicos, científicos y jurídicos que avalan nuestros planteamientos..